Fuentes judiciales señalaron que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, hizo lugar a un pedido de la defensa del exfuncionario. El planteo de Insaurralde para que los videos sean excluidos como prueba en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero todavía está pendiente. El magistrado consideró que no corresponde avanzar con la pericia hasta que se resuelva esa cuestión. El fiscal federal del caso, Sergio Mola, se opuso y solicitó que el análisis continúe.
El juez también demoró otro peritaje, referido a imágenes que la Fundación Apolo aportó a la causa. Los videos muestran la casa de Insaurralde en San Vicente y, según la hipótesis de la investigación, indicarían que el lugar fue modificado antes del allanamiento realizado en 2023.
La decisión quedó ahora en manos de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que deberá determinar si los videos pueden utilizarse como prueba. Si los avala, podrán realizarse los peritajes pendientes, considerados importantes para el expediente.
En junio pasado se difundieron siete videos en los que se observa a Cirio filmando cajones, bolsas y una valija con millones de dólares. Las imágenes corresponden a un vestidor con ropa de hombre y son relevantes para la causa contra Insaurralde, iniciada en 2023 tras su viaje de lujo a Marbella con la modelo Sofía Clerici.
La defensa de Cirio sostuvo que las imágenes podían haber sido editadas o generadas con inteligencia artificial, y que podían ser resultado de un hackeo de sus dispositivos. Un análisis realizado sobre los videos concluyó en agosto que no conservaban los metadatos originales. Por ese motivo, no fue posible establecer su origen ni la fecha en que fueron grabados, tampoco confirmar si eran auténticos o habían sido adulterados.
En paralelo, la Justicia intentó establecer dónde se habían registrado las imágenes. Para eso allanó la casa de Insaurralde, en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, y un departamento de Cirio en Las Cañitas, en la ciudad de Buenos Aires. Un informe de la Policía Federal concluyó que el lugar donde aparecen los dólares es la vivienda del exfuncionario.
El 22 de octubre debía comenzar un nuevo peritaje a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. El objetivo era determinar cuánto dinero aparecía en las imágenes y si los billetes eran verdaderos o falsos, dentro de las limitaciones establecidas por el organismo.
La defensa de Insaurralde, que había designado un perito para intervenir en el trabajo, pidió que se suspendiera. Argumentó que los videos no debían emplearse como prueba porque se desconoce su origen y autenticidad. También señaló que la Cámara Federal de La Plata todavía debe resolver ese planteo y que, por lo tanto, el análisis debía esperar.
El pedido para excluir los videos ya había sido rechazado y las imágenes habían sido admitidas como prueba, pero la defensa apeló la decisión ante la Cámara. El fiscal Mola solicitó que se desestimara el planteo y se avanzara con el peritaje de los billetes. Afirmó que la defensa solo buscaba demorar un estudio autorizado por el juzgado. También sostuvo que, si la Cámara anulaba los videos, esa decisión podía aplicarse al resultado del peritaje, sin causar perjuicio a la defensa.
Seis días antes de la fecha prevista para el inicio del análisis, el juez Rodríguez Ponte lo suspendió. En una resolución del 16 de octubre, sostuvo que «una disposición como la solicitada por la defensa de Insaurralde aparece congruente con el principio de economía procesal, ante la posibilidad de que los resultados de dicho estudio se tornen inoficiosos».
El magistrado también remarcó que «toda medida orientada al análisis de evidencia digital debe ordenarse ponderando su fragilidad, circunstancia que exige extremar las precauciones al momento de su manipulación y examinarla mediante instrumentos y procesos forenses específicos».
Con esa resolución, será determinante lo que decida la Cámara Federal de La Plata sobre los videos.
Por el mismo motivo, la semana pasada el juez suspendió el peritaje ya realizado sobre otros nueve videos que la Fundación Apolo había presentado en agosto. Las imágenes muestran la casa de Insaurralde y, de acuerdo con la hipótesis, indicarían que fue modificada antes de que la Justicia la allanara. La organización sostuvo que los archivos conservaban todos los metadatos necesarios para verificar su autenticidad. Esta semana pidió que sean incorporados como prueba al expediente.
La investigación contra Insaurralde comenzó en septiembre de 2023, cuando se conoció su viaje a Marbella con Clerici, quien fue sobreseída en la causa. Ambos viajaron en el yate Bandido, con champán y carteras de lujo. En ese momento, en plena campaña para las elecciones presidenciales que ganó Javier Milei, Insaurralde era jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Después de que se conociera el viaje, renunció al cargo.
En 2024, el fiscal Mola y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, pidieron que Insaurralde fuera citado a indagatoria por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También solicitaron la indagatoria de un grupo de familiares, a quienes señalaron como presuntos testaferros. Para la Fiscalía, el exfuncionario no puede justificar sus bienes y su nivel de vida con los ingresos que tuvo. Un peritaje de contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detectó inconsistencias en su patrimonio. Entre otros datos, estableció que entre 2010 y 2023 gastó en viajes al exterior más de lo que percibió como funcionario público.
Tras la difusión de los videos con millones de dólares, la Fiscalía volvió a pedir la indagatoria de Insaurralde e incluyó a Cirio en el requerimiento. También solicitó la detención de ambos. Luis Armella, quien entonces estaba a cargo del juzgado, rechazó el pedido de arresto.
A mediados de agosto, Rodríguez Ponte asumió al frente del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora y dispuso nuevas medidas de prueba en la causa.
Además de las cuestiones que debe resolver la Cámara Federal y de las medidas que siguen en curso, el expediente abrió una nueva línea de investigación. Se busca determinar cuáles fueron los ingresos de Insaurralde desde que dejó la función pública en 2023 y analizar si la aparición de los videos con millones de dólares pudo haber sido un intento de justificar ese dinero ante una eventual nueva imputación.
A partir de esa investigación se ordenaron distintas medidas, que concluyeron que el exfuncionario facturó servicios de asesoría y consultoría a varias empresas. Según fuentes consultadas, la información reunida hasta ahora arroja un monto cercano al medio millón de dólares. Esa línea de investigación continúa.
