Kicillof, quien señaló que la ex vicepresidenta se encuentra en prisión domiciliaria, consideró que fue víctima de una prolongada persecución que culminó en una condena considerada arbitraria, carente de pruebas y fundamentada en supuestos actos que ni siquiera pertenecían a su competencia. Según Kicillof, se utilizó un argumento legalmente cuestionable: ‘no podía no saber’. Su declaración coincide con la creciente tensión entre su sector y el gobierno.
El gobernador también se refirió a la familia de Kirchner, al afirmar que “persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”. En este sentido, dirigió críticas al gobierno de Javier Milei, aseverando que “los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”. Para Kicillof, el presidente “alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.
“Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, agregó Kicillof en su extenso mensaje publicado en su cuenta de X.
Este miércoles también se conmemora un año del fallo histórico del máximo tribunal que impuso la pena a la ex presidenta. La condena generó un clima de profunda agitación social, con vigilias en las cercanías del edificio judicial en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde se denunciaba un intento de ‘proscripción’ para excluir a Kirchner del inminente escenario electoral.
En noviembre de 2025, el sistema judicial decidió endurecer las condiciones de detención de Cristina Kirchner, permitiendo visitas fuera de la lista autorizada —que incluye a sus hijos, un secretario, sus abogados y un médico— únicamente dos veces por semana, con un tiempo máximo de dos horas en cada ocasión y limitado a tres personas por encuentro.
