A pesar de que el fondo inglés aún no ha apelado ante el máximo tribunal estadounidense, los principales asesores legales del Gobierno consideran casi un hecho que lo harán en el futuro cercano. «Tienen 90 días para hacerlo», afirmaron fuentes oficiales.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas, el Ejecutivo sostiene que la Corte Suprema no aceptará el caso, lo que permitiría que, a finales de año—tras un período de análisis que podría durar entre dos y tres meses—se emita una decisión concluyente en Estados Unidos. Un fallo en este sentido pondría fin a un prolongado proceso judicial relacionado con la expropiación de la petrolera nacional, iniciado en 2015 y que involucra una potencial condena de 16 mil millones de dólares.
Este análisis por parte del Gobierno coincide con la evaluación realizada por los propios analistas de Burford, quienes al presentar sus resultados trimestrales ante los accionistas reconocieron que «la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico».
Esta conclusión se sustenta en el hecho de que la Corte estadounidense abarca entre 70 y 100 casos al año, todos de relevancia federal.
No obstante, desde el Gobierno se adoptó una postura cautelosa, dado que el proceso todavía está abierto ante un posible reclamo del fondo Burford en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En este contexto, Burford había indicado en su momento que «el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi tiene una duración de 4,4 años), pero es completamente capaz de lograr el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense».
Además, recalcaron que en ese tribunal, el 86% de las 51 demandas arbitrales presentadas entre inversores y el Estado argentino se resolvieron a favor de los demandantes.
Luego del fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, destacó que «la decisión del tribunal, que deniega la petición de revisión del fallo por parte de todos los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, respalda la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia positiva obtenida por nuestro país».
Mientras tanto, el equipo de abogados del Estado continúa trabajando en otros litigios pendientes, como el relacionado con el Cupón PBI en Londres, que asciende a 1330 millones de euros. Al mismo tiempo, el Gobierno aguarda la aprobación legislativa para avanzar con un acuerdo de 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge y Attestor, derivado del default de 2001. Este tema será discutido en el Senado este jueves.
