Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Economía, se produce tras la aprobación del plan de expansión eléctrica por parte del Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que desestimó todas las impugnaciones presentadas.
El proyecto Vicuña se posiciona como uno de los emprendimientos más destacados del país, con una inversión total de US$9.737 millones. De esta suma, US$9.024 millones se destinarán a inversiones en activos elegibles, que se llevarán a cabo en dos fases que se prolongarán hasta diciembre de 2031.
El principal objetivo del proyecto es la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, situados en la provincia de San Juan.
Clasificado como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) en el sector minero, busca “posicionar a la República Argentina como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales de cobre y doré”.
Desde el Gobierno se sostiene que esta iniciativa “marca un antes y un después en la industria minera argentina” y se estima que “generará exportaciones por más de US$2.600 millones al año y 31.700 empleos directos e indirectos”.
El plan de inversión incluye no solo la extracción, sino que también abarca actividades de minería a cielo abierto, la construcción de una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, sistemas de abastecimiento de agua e infraestructura eléctrica, caminos de acceso y alojamientos para el personal.
Adicionalmente, el proyecto contempla activos en etapa de prospección y trabajos de perforación para identificar fuentes de agua adicionales, así como la exploración de otras concesiones mineras que forman parte del bloque.
Con su inclusión en el RIGI, Vicuña Argentina podrá disfrutar de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios. Entre estos, se destaca la libre disponibilidad de cobros provenientes de exportaciones, tras confirmarse que el proyecto no altera el mercado de cambios local. También se aprobó un listado de mercancías y servicios que la empresa podrá importar con franquicias especiales.
La resolución estipula que la empresa debe demostrar una inversión de al menos el 20% del monto mínimo en los dos primeros años, estableciendo el 31 de diciembre de 2028 como la fecha límite para cumplir con el compromiso de inversión mínima en activos computables.
