El suceso ocurrió el miércoles, alrededor de las 17 horas, cuando la dirección del colegio recibió la notificación sobre envoltorios sospechosos. En respuesta a la denuncia, los directivos activaron el protocolo institucional, convocaron a los dos alumnos implicados y revisaron sus mochilas.
Uno de los menores intentó eludir la responsabilidad y aseguró no saber el origen de la sustancia, sugiriendo que su hermano mayor podría haberle colocado las bolsitas en la mochila. El otro niño finalmente admitió que su compañero había llevado la marihuana para compartirla con el resto de la clase.
Tras descubrir la droga y verificar las versiones de los alumnos, las autoridades escolares contactaron a los padres de ambos para que retiraran a sus hijos. Además, informaron a la línea de emergencias 911 y, minutos después, personal de la división de Narcocriminalidad de la Policía de Mendoza llegó a la escuela y procedió a incautar los envoltorios, sin detallar la cantidad de marihuana que poseían los menores.
El protocolo de actuación en estos casos establece que, una vez confirmada la presencia de sustancias prohibidas, la dirección debe notificar a los padres de los niños, redactar un acta interna, comunicar la situación a la fiscalía local y derivar el asunto a organismos especializados como la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Estas entidades tienen la responsabilidad de brindar apoyo, evaluar el entorno familiar y escolar, y guiar a los menores hacia recursos de asistencia psicosocial.
No obstante, en este caso, el ETI de Maipú optó por no intervenir directamente, delegando la responsabilidad a la Policía Contra el Narcotráfico, que fue quien se encargó de incautar la marihuana. Esta falta de intervención por parte de un equipo técnico especializado generó preocupación en la comunidad educativa, dado que se trata de alumnos en una etapa de desarrollo crucial.
Posteriormente, la situación fue comunicada a la Fiscalía de Maipú, que definirá las acciones a seguir según la normativa vigente. Las autoridades deberán determinar si se deben investigar más a fondo las condiciones familiares y sociales de los niños, tal como lo estipulan los protocolos de protección integral. Los equipos interdisciplinarios pueden recomendar entrevistas con los padres, visitas al hogar o derivaciones para atención psicológica, de acuerdo a las necesidades detectadas.
Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la efectividad de los dispositivos de prevención y atención de consumos problemáticos en el ámbito escolar. La presencia de marihuana en manos de un alumno tan joven resalta la urgencia de fortalecer los canales de comunicación, la capacitación docente y la cooperación interinstitucional para identificar y atender situaciones de vulnerabilidad infantil.
Desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza se limitó a comunicar que se activó el protocolo y que la cuestión quedó bajo la jurisdicción judicial y policial. Las familias de los alumnos recibieron orientación sobre los pasos administrativos y el apoyo psicosocial disponible. Mientras tanto, el caso continúa siendo evaluado por las autoridades educativas y judiciales, que buscan esclarecer el origen de la sustancia y el contexto familiar de los menores involucrados.
