Staiti manifestó en diálogo con nuestros medios que, pese a que los gremios llegaron a la paritaria con escasas expectativas, «nunca pensamos que la oferta sería de solo un 3%, cifra que indica que no hay interés del Gobierno por resolver el conflicto». Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que presentaron una propuesta de incremento salarial del 6% para el próximo bimestre, aunque este monto incluye el 3% de octubre que ya formaba parte de las negociaciones de junio. La próxima reunión de negociación se pautó para el jueves 17 del corriente mes.
Las universidades se mantuvieron cerradas como una forma de manifestar el desacuerdo con la oferta del Gobierno, que se niega a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Tras otorgar un 21,3% de aumento salarial en junio, el Gobierno de Javier Milei aún adeuda el 31,2% necesario para cumplir con lo que establece la ley, ratificada por el Congreso y el Poder Judicial. La secretaria general de AGD UBA, Laura Carboni, recordó que en junio el Gobierno también se comprometió a transferir fondos para hospitales universitarios, un compromiso que no se ha cumplido.
Por su parte, el Poder Ejecutivo hizo una solicitud para anular la cautelar que ordena el cumplimiento de la ley de financiamiento, la cual fue rechazada por el juez federal Martín Cormick, quien argumentó que el riesgo de demora en la aplicación de la ley no puede considerarse superado. Cormick también estableció un plazo de tres días para que el Gobierno presente un informe detallando el tratamiento de la norma y los avances en su cumplimiento.
Staiti subrayó que en la paritaria de esta semana no se produjo una negociación efectiva, sino que hubo una imposición por parte del oficialismo, facilitada por Álvarez. En relación con el aumento del 3%, Staiti indicó que «no se ofreció una justificación económica, solo mencionó que ‘es para lo que nos alcanza'».
Tras estos acontecimientos, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, afirmó que «no hay reconocimiento de la deuda salarial ni voluntad de acatar la Ley, sino una decisión política de seguir deteriorando nuestras condiciones de trabajo», lo que llevará a intensificar el plan de lucha. Las distintas federaciones están organizando una próxima marcha federal en defensa de las universidades, aunque aún no se ha fijado una fecha precisa.
El viernes 4 de septiembre, se llevará a cabo una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la Universidad de Río Negro, donde se espera la participación de 75 rectores y rectoras de 60 instituciones públicas. Carboni confirmó que en este encuentro se definirá una fecha para «la quinta marcha federal de los sectores universitarios, y desde AGD UBA sostenemos que también debe involucrarse el sector científico, para denunciar que este Gobierno está desmantelando los organismos de ciencia y tecnología, mientras avanza con su proyecto de destruir la universidad pública.»
