La agenda incluirá inicialmente un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, seguido de una visita al sitio donde se desarrollará el proyecto. También estarán presentes diputados y senadores fueguinos del partido La Libertad Avanza: Agustín Coto, Santiago Pauli, Belén Monte de Oca y Miguel Rodríguez.
Este despliegue diplomático coincide con el hecho de que la Base Naval Integrada ha sido considerada como una prioridad en el Presupuesto 2027, el cual debe ser enviado al Congreso el próximo martes 15 de septiembre. Esta decisión surge tras instrucciones del presidente Milei al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar estas asignaciones dentro del ámbito de Defensa.
El Estado ya ha destinado, mediante un decreto, $114.732 millones a este proyecto, cuyo costo total se estima en $400.000 millones. Desde el Ministerio de Economía se sostiene que este fortalecimiento presupuestario no implicará recortes en otros sectores, ya que proviene del superávit fiscal. Asimismo, en el entorno de Presti se busca que las obras comiencen antes de que finalice el año, tan pronto como culminen las licitaciones en curso.
Previo a esta partida hacia Ushuaia, la Oficina del Presidente anuncio la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo dentro de la Cancillería orientado a armonizar criterios dentro del Estado en relación a decisiones que afecten la soberanía sobre las islas.
Según el comunicado firmado por Milei, el objetivo es “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento” para cualquier actividad estatal que impacte en la política exterior o en los intereses internacionales del país. El texto argumenta que “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” demanda “una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”.
Simultáneamente, el Gobierno está promoviendo un Consejo de Seguridad Nacional que contempla la creación de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el cual requerirá el apoyo del Parlamento y buscará integrar a la Cancillería, Defensa, Economía y la SIDE.
En el ámbito judicial, el frente también se intensificó. El mismo jueves, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ampliaron por segunda vez la causa que se tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini, presentando una nueva denuncia penal contra varias empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos.
Un día anterior, el martes, la Oficina del Presidente había incluido a otros 15 sujetos en los procedimientos sancionatorios administrativos que la Cancillería, designada como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, había abierto el 4 de septiembre contra 45 personas y entidades.
Todo inició el lunes, cuando Quirno y Amerio presentaron la primera de las denuncias en esta serie, que implicó a Navitas Petroleum LP y su red societaria, entre otras. Con la última ampliación, el total de personas y empresas bajo investigación o sanción por la Ley 26.659 asciende a 60.
A nivel internacional, la situación ha generado repercusiones significativas. Horas después de que se conociera la nueva denuncia contra las compañías petroleras, el Gobierno anunció la suspensión del viaje a Londres que Milei tenía programado para finales de octubre, donde iba a dar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios británicos.
Esta cancelación ocurrió un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, asegurara en la Cámara de los Comunes que su administración será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños a continuar siendo británicos.
