El cierre del sumario financiero fue formalizado por el BCRA el 14 de septiembre, y reveló que hubo incumplimientos respecto a las normas prudenciales que rigen la exposición del patrimonio del Banco Nación a créditos de alto riesgo. No obstante, se consideró que ciertas circunstancias justificaban una sanción más leve, clasificándola como un apercibimiento, lo que equivale a una multa administrativa sin repercusiones económicas.
El apercibimiento se impuso tanto a la entidad como a exdirectivos, entre ellos al ex presidente Javier González Fraga, al ex vice Lucas Llach, y a los directores Carlos Alberto Castellani, Miguel Ángel Arce, Jorge Alberto Lawson, Ercilia Antonia Nofal, al ex gerente general Juan José Fragati y al subgerente de banca corporativa Martín Enrique González.
El expediente, iniciado en 2020, examinó tres aspectos clave de la relación entre el Nación y Vicentín durante los años anteriores: la gestión del riesgo crediticio, la clasificación y el seguimiento de la situación de la empresa, y los reiterados excesos en los límites de exposición al riesgo.
Uno de los episodios más relevantes se produjo en agosto de 2019, en medio de una crisis financiera tras las elecciones primarias. En ese período, comenzaron a vencer prefinanciaciones de exportaciones de Vicentín otorgadas por el BNA que no fueron saldadas.
El BCRA identificó que la exposición del Nación había superado los límites regulatorios de riesgo crediticio, solicitando aclaraciones a la entidad. El 7 de octubre de ese año, el BNA reconoció que el incumplimiento estaba asociado principalmente a Vicentín.
La entidad había aumentado gradualmente los márgenes de financiación hacia Vicentín, especialmente para operaciones de exportación. El BCRA cuestionó tanto la evaluación y el monitoreo del riesgo como los mecanismos internos empleados para controlar la exposición.
El documento menciona que el límite de Grandes Exposiciones al Riesgo Crediticio (GERC) estipulaba que la exposición a un grupo económico no debía exceder el 15% del capital principal de la entidad pública. En agosto de 2019, ese límite se superó en $4.425 millones.
Pese a lo anteriormente mencionado, al definir la sanción, el BCRA adoptó una postura más indulgente respecto a las irregularidades encontradas. La entidad determinó que existieron incumplimientos, pero aclaró que no se trató de una maniobra deliberada para ocultar o esquivar las normativas.
En particular, se destacó que los excesos de exposición habían sido comunicados por el Nación al BCRA. Esta particularidad, aunque no elimina la infracción, llevó a concluir que se trataba de un caso distinto a aquellos donde una entidad intenta encubrir su incumplimiento al organismo regulador.
Asimismo, se tomó en consideración la información disponible en ese momento sobre Vicentín, ya que el BCRA indicó que la magnitud real de la crisis de la empresa no era completamente predecible en 2019.
Otro argumento utilizado para disminuir la sanción fue la existencia de factores externos, como la devaluación del peso desde mediados de 2019, así como algunas medidas adoptadas por el BNA, que afectaron su patrimonio y aumentaron su exposición en relación a la deuda de Vicentín.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, el BCRA decidió no adherir a la valoración sancionatoria sugerida por los técnicos, limitándose a establecer un apercibimiento que, en la práctica, es solo una sanción administrativa, sin multa económica. «Es una tarjeta amarilla, un antecedente, pero no representa una inhabilitación de ningún tipo», aclaró una fuente con conocimiento de las regulaciones del Central.
La resolución también consideró la particularidad institucional del Banco Nación, dado su carácter de entidad pública y su rol como agente financiero del Estado y apoyo al comercio exterior.
Al final, se dictó un apercibimiento para el Banco Nación y nueve funcionarios y exdirectivos, mientras que otros seis recibieron una advertencia. No se aplicaron multas económicas. Este expediente del BCRA avanza paralelo a la investigación judicial que busca determinar si hubo una colusión entre funcionarios del banco y la empresa.
A fines de 2025, el Grupo Grassi, una compañía rosarina dedicada al corretaje de granos, consiguió el control de la agroexportadora luego de prevalecer en el proceso de salvataje y obtener la homologación judicial del acuerdo.
