Este fenómeno fue abordado por la periodista y editora especializada en género y diversidad, quien destacó que “subieron muchísimo las denuncias informales a través de, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional, que tienen canales para hacer reclamos, o incluso la línea telefónica del propio Ministerio de Salud”.
A pesar de que la cifra de abortos anuales se mantiene en alrededor de 87.000 en el país, el incremento en las denuncias se atribuye a una desfinanciación de los servicios y a obstáculos en el sistema de salud pública. El desabastecimiento de medicamentos esenciales para el procedimiento, como el misoprostol y la mifepristona, sumado a la implementación de protocolos que contradicen el marco legal vigente, complica aún más el acceso al aborto en Argentina.
La periodista explicó que “las provincias financian en un 75 por ciento el gasto total en salud y como tienen presupuestos sumamente desiguales, eso significa que se profundiza la desigualdad entre los territorios”. Además, señaló que “si naciste en San Isidro, un municipio históricamente muy antiderechos, encontrás otro tipo de obstáculos como el protocolo que implementaban hasta hace poco, que incluía una entrevista con un psicólogo en la que tenías que explicar por qué querías abortar, algo que no está en la ley”. Esta práctica fue suspendida recientemente por una decisión judicial tras una denuncia de Amnistía Internacional.
Hoy, a las 16 horas, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito lidera una actividad frente al Congreso de la Nación, junto a diversas organizaciones, para exigir al Estado Nacional el cumplimiento de la ley sancionada en 2020. La manifestación, que coincide con el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, concluirá a las 18 horas con un pañuelazo.
El pañuelazo adquiere una significación política particular desde la llegada de Milei al poder, ya que los feminismos se han convertido en objetivo de ataques en los discursos del presidente y otros funcionarios. “El pañuelazo quiere expresar que, si bien la ley está vigente, hay otras formas de obstaculizar el acceso a este derecho y también denunciar la desfinanciación de todos los programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo la ley de Educación Sexual Integral o el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”, concluyó.
