Esta agencia tendrá como principal responsabilidad determinar qué medicamentos de alto costo, destinados a tratar enfermedades oncológicas, raras o autoinmunes, deben ser cubiertos por los financiadores de la salud, que incluyen al Estado, las obras sociales y las entidades prepagas. Un equipo de expertos evaluará la relación costo-efectividad de cada tratamiento a fin de tomar decisiones informadas. Esta medida podría tener un impacto significativo en el sistema de salud.
La creación de este organismo fue descrita como una deuda histórica y una demanda del sistema que el actual Gobierno se propone atender, con el objetivo de dotar al sistema sanitario de una estructura funcional y transparente. Según la comunicación oficial del 27 de marzo de 2025, “la ANEFiTS no sólo fortalecerá la sostenibilidad económica del sistema de salud, también garantizará que cada peso invertido tenga un impacto positivo y comprobable en la salud y el bienestar de los argentinos”.
No obstante, desde la fecha del anuncio, la iniciativa pareció entrar en un estado de parálisis, coincidiendo con la visita del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., en mayo del año pasado.
Recientemente, sin embargo, el tema volvió a ser central durante el XXIX Congreso Argentino de Salud, organizado por una asociación civil del sector, que reunió a representantes del sistema público y privado.
Previo a este encuentro, Alfredo Gamietea, presidente de una de las obras sociales más grandes del país, destacó la gravedad de la situación: “En nuestro caso, el 2 por ciento de los pacientes gasta el 50 por ciento del presupuesto en medicamentos”. Los financiadores coinciden en que los costos de los fármacos, que históricamente representaban el 14 por ciento del gasto, ahora superan el 40 por ciento.
Este desequilibrio significa que, si bien pocos pacientes consumen mucho, una mayoría debe hacer frente a gastos reducidos, lo que a su vez afecta los salarios del personal de salud y el progreso tecnológico, repercutiendo en la calidad del servicio.
Además, el Fondo Solidario de Redistribución, que se sustenta en los aportes de obras sociales y prepagas y que debía servir como fuente para reembolsos de medicamentos de alta complejidad, enfrenta dificultades para cumplir su función original. Este fondo se ha vuelto deficitario, en buena medida por el elevado gasto en discapacidad, incluyendo educación y transporte, lo que lleva a los financiadores a demandar que estos costos sean cubiertos por otros ministerios.
De este modo, el déficit en la financiación de medicamentos costosos ha generado un aumento en la judicialización de casos mediante amparos por parte de pacientes. El programa gubernamental de mediación “Promesa” busca abordar estas demandas, aunque no es obligatorio y los conflictos siguen acaparando la atención de los juzgados.
La cuestión salarial constituye otro de los temas críticos. Héctor Daer, secretario general del gremio de la Sanidad, advirtió que la falta de incentivos ha provocado un descenso en el interés por las carreras relacionadas con el cuidado de la salud. “En diez años, cuando se jubilen los que están ahora, nos vamos a encontrar con que no habrá quien los reemplace”, afirmó el sindicalista.
El tema de los aranceles de los hospitales públicos por la atención a pacientes de obras sociales también fue destacado, con énfasis en las diferencias de precios entre el sector privado y público. Daer incluso amenazó con recurrir a la Justicia si no se producen cambios en esta política, ya que considera que hay una
