El procesamiento de Baratta, quien fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, no incluye prisión preventiva. El juez consideró que no había evidencia suficiente para concluir que el exfuncionario intentaría evadir a la Justicia o entorpecer la investigación mientras permanezca en libertad. Ercolini señaló que no se detectaron «circunstancias de excepción reales y concretas» que justifiquen una medida cautelar.
El juez destacó que el patrimonio de Baratta habría crecido de manera apreciable y sin justificación en el periodo de 28 de mayo de 2003 a 10 de diciembre de 2017, cuando ocupó su cargo hasta 2015 y durante dos años posteriores. Según el magistrado, la variación de sus activos no corresponde a sus ingresos legítimos, que mostraron montos negativos en diversos ejercicios, alcanzando una suma total de $4.678.496,90 de desfasaje entre declaraciones de recursos y las erogaciones detectadas.
Se ha determinado que este crecimiento patrimonial se materializó mediante la adquisición de inmuebles y vehículos, tanto a nombre de Baratta como de familiares cercanos, incluyendo a su cónyuge y su madre. También se mencionó la posesión de significativas sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera.
La investigación continúa centrada en la incomparecencia de justificación de los aumentos patrimoniales de Baratta. Entre los activos cuestionados se encuentran departamentos, cocheras en Buenos Aires, así como un lote y una vivienda en el Country Mapuche de Pilar. Esta última propiedad fue adquirida en efectivo por US$70.000 el 19 de septiembre de 2012 y su construcción, valorada en aproximadamente $3.700.000, fue pagada en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015, quedando a nombre de la madre del exfuncionario. Ercolini comentó que, en conjunto, el matrimonio declaró aportes por $604.546,11, pero esto no explica la totalidad de la inversión.
