Advertencia de la Iglesia sobre el narcotráfico en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”

La Iglesia emitió una severa advertencia sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares, señalando la relación entre este fenómeno y la disminución de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, expresó que la escasez de servicios, oportunidades y respuestas institucionales propicia el crecimiento de las redes criminales. Sus declaraciones fueron recibidas por diversos funcionarios, jueces, fiscales y organizaciones sociales.

«La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas», alertó García en el marco de la Jornada de Acceso a la Justicia, celebrada el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Durante su intervención, el obispo describió un ciclo del que presentó una fórmula: «Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio». En respuesta, abogó por fortalecer «las tres C de la vida: colegio, capilla y club».

Su planteo tuvo un alcance que superó a un distrito específico, abordando una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense. García vinculó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, acceso a atención sanitaria, servicios de cloacas y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, criticó el momento en que las instituciones judiciales interactúan con estas realidades. Según señaló, la Justicia ordinaria en estos barrios «suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha consumado». Este comentario puso de relieve la tensión existente entre la respuesta penal a hechos consumados y la necesidad de prevenir las condiciones que propician la incursión de adolescentes y jóvenes en circuitos criminales.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, del Poder Judicial, del gobierno de Axel Kicillof y de organizaciones territoriales. Entre los asistentes estaban el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.

Mena se hizo eco de la propuesta de poner la desigualdad en el centro de la discusión. «Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad», declaró. También mencionó cómo los ciudadanos en situaciones vulnerables suelen conocer el sistema judicial a través de su peor faceta, que es la Justicia Penal.

El ministro subrayó la importancia de transformar este vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que escalen a instancias penales. Como ejemplo positivo, mencionó las visitas de miembros del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde escuchan las preocupaciones de los vecinos.

Evaluó también la creación de espacios en los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con el objetivo de brindar acompañamiento a personas privadas de libertad y herramientas para volver a construir sus proyectos de vida.

El debate se centró en cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única manifestación estatal reconocible en los sectores más marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia implica garantizar la inclusión de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y fomentar la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.

La jornada fue organizada por distintas áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También estuvieron presentes el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros destacados referentes judiciales.

Durante la apertura, el rector Martínez destacó que el debate sobre los tribunales debe fundamentarse en las condiciones materiales de vida de la población. «Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente», indicó. También mencionó la decisión judicial que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y puso de relieve la conexión entre la educación pública y la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos durante la jornada fue realizado por Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, quien anticipó que impulsará la inclusión de las denominadas «Reglas del Papa Francisco» como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. Esta propuesta busca que quienes deseen integrar la magistratura conozcan principios orientados a una justicia más cercana a las personas vulnerables y consciente de las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.

La jornada también incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates se sistematizarán en un documento académico con conclusiones y recomendaciones, que será enviado al papa León XIV para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.

Los organizadores contemplan la creación de una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia en La Matanza, con el objetivo de establecer un espacio permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que operan en los barrios.

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