El ente eclesiástico advirtió que esta iniciativa legislativa se encuentra en riesgo de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre, lo que significaría su archivo definitivo, a pesar de contar con media sanción de la Cámara de Diputados. Ante esta situación, la CEPAS solicitó a los legisladores que busquen los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley antes del vencimiento del plazo.
Además, sostuvieron que el problema ya no debe ser visto como una advertencia futura, sino como una realidad que causa efectos palpables en diversos aspectos de la vida cotidiana. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, afirmaron en el documento dirigido a la presidenta del Senado y a sus integrantes.
Este reclamo no es nuevo; la Iglesia católica ha manifestado su preocupación por las apuestas en línea durante más de dos años, con intervenciones cada vez más enérgicas ante la falta de respuestas del Congreso. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron una primera advertencia con el claro mensaje: “Apostar no es un juego”. Esta campaña buscó llamar la atención sobre el rápido crecimiento de las plataformas de juego virtual y su impacto en niños, adolescentes y jóvenes.
En noviembre de ese mismo año, la CEPAS pidió formalmente a la Cámara de Diputados un tratamiento urgente del proyecto. Tres meses después, en febrero de 2025, extendieron el pedido al Senado, indicando que este fenómeno estaba estableciendo una “cultura de la timba y del azar” que afectaba incluso la libertad de quienes caen en la adicción. La situación se intensificó en octubre de 2025, cuando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en representación de todos los obispos del país, proclamó: “La ludopatía es un atentado contra la vida”. En esa ocasión, también alertaron que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular podría convertirse en un verdadero “casino”.
La carta dirigida a Villarruel sostiene que la discusión legislativa no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino en asumir una responsabilidad política e institucional frente a sus efectos. En este sentido, la CEPAS dijo que el Estado debe proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y cuestionó que los intereses económicos del sector del juego continúen avanzando mientras miles de personas sufren las consecuencias de la adicción.
Dentro de su comunicación, la comisión episcopal incluyó una referencia a los dichos del Papa León XIV, quien en su encíclica Magnífica Humanitas instó a evitar “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Esta cita se utilizó para enfatizar el argumento de que la inacción legislativa beneficia a una minoría que obtiene ganancias de la actividad, mientras que los costos recaen sobre el resto de la sociedad.
La CEPAS fue contundente al afirmar que “no hacer nada” también es una decisión, y que en este caso sería “profundamente lamentable”. Según el organismo, la falta de una respuesta adecuada hoy puede resultar en daños que serán mucho más difíciles de reparar en el futuro. Además, resaltaron que los perjuicios que genera la ludopatía —en términos humanos, familiares, sociales y de salud— no serán asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que impactarán sobre las personas, familias y la comunidad en general.
Para respaldar su postura, la CEPS citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, quienes proporcionaron evidencias concretas sobre la magnitud del fenómeno y sus riesgos para la salud mental y el desarrollo integral de la población. Ambos organismos han documentado el impacto especialmente grave de las apuestas online en menores y en quienes se encuentran en situaciones de desprotección.
En el cierre de la carta, la Comisión Episcopal de Pastoral Social exigió a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que reanuden el debate de inmediato y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, concluyó la entidad eclesiástica, reiterando su llamado a legislar sobre un problema que, advierten, afecta a toda la sociedad.
