Los organizadores afirman que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes, según indicaron en diálogo con fuentes locales, mientras que la administración nacional y la de la Ciudad se encuentran organizando un operativo de seguridad que incluye vallados en las cercanías del Congreso y de Plaza de Mayo.
Las vías que circundan el Congreso han sido bloqueadas desde el inicio de la concentración, focalizándose en las calles Riobamba, Callao, Combate de los Pozos, Entre Ríos, Solís, Virrey Ceballos y Adolfo Alsina. A partir de las 12:30 horas, comenzaron a marchar las primeras columnas hacia el palacio legislativo.
La movilización representa la quinta iniciativa de este tipo impulsada por el sector universitario en el presente año y se dará en paralelo a los esfuerzos de distintos bloques para reunir quórum en la Cámara de Diputados, con el fin de rechazar el DNU 70/2023 y tratar proyectos relacionados con la discapacidad y el endeudamiento familiar. Se prevén manifestaciones en todo el país, además de un acto central frente al Congreso donde se leerá un documento conjunto a las 16 horas.
Un análisis técnico realizado por una consultora concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional incluye los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
En este sentido, cumplir con la ley requeriría entre $2 y $3,65 billones en 2027, mientras que el presupuesto actual deja $5,93 billones sin asignación específica como Obligaciones a cargo del Tesoro. Dado que estos fondos ya están considerados dentro del gasto total previsto, su destino a las universidades no alteraría el resultado fiscal que prevé el Gobierno.
Este informe técnico proviene del análisis realizado por Zentrix Consultora sobre la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente.
Es importante recordar que la Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando ambas cámara del Congreso insistieron con los dos tercios necesarios tras un veto presidencial. El Ejecutivo promulgó la ley, pero suspendió su implementación mediante el Decreto 759/2025, argumentando razones fiscales, debido a que la norma no especifica cómo se financiarían los recursos necesarios.
Desde entonces, la Justicia ha ordenado el cumplimiento de los artículos relacionados con salarios y becas, en una medida cautelar que fue mantenida por la Corte Suprema en junio. El 6 de octubre pasado, un tribunal federal ordenó la aplicación completa de la ley en una sentencia que fue apelada por el Gobierno. La pregunta fundamental, entonces, sigue siendo: ¿existen los recursos suficientes para cumplir con la normativa?
