El reclamo argentino ante el Tribunal de Derechos del Mar, órgano de Naciones Unidas, por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas ya tiene fecha de audiencia. A través de un comunicado oficial, el tribunal anunció que los días 10 y 11 de noviembre se llevará a cabo la audiencia para escuchar los argumentos de la delegación argentina, que demanda a las empresas Rockhopper, de Reino Unido, y Navitas, de Israel, que forman parte del proyecto Sea Lion para la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las islas. El gobierno británico, que respalda la explotación de estos recursos bajo el principio del “derecho a la autodeterminación” de los habitantes de Malvinas, también presentará su defensa. “El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K. Kamga, ha fijado los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)”, comunicó el tribunal en su página web. El escrito también hace referencia a que, una semana atrás, Argentina presentó ante el Tribunal “una solicitud para la indicación de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con una controversia sobre la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental”. La audiencia será pública y se transmitirá en vivo a través del sitio web del tribunal, que tiene su sede en Hamburgo, Alemania, y está compuesto por 21 jueces. Mario Oyarzábal, diplomático con trayectoria en Países Bajos y Naciones Unidas, lideró el reclamo presentado por el Gobierno ante el tribunal. Lo hizo tras el vencimiento del plazo de dos semanas que la diplomacia nacional otorgó a Gran Bretaña para que cesara la actividad de explotación petrolera relacionada con el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes a las islas. La intención del Gobierno y la Cancillería, bajo la dirección de Pablo Quirno, es que el tribunal, establecido en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, evalúe la validez del reclamo argentino frente a Gran Bretaña, que ha desestimado la posición nacional y acusó a Argentina de intentar “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”. A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades de hidrocarburos en dicho territorio están dentro de la legislación británica de las Malvinas y se realizan “en plena conformidad con el derecho internacional”, el Gobierno argentino argumenta que tiene el derecho de acudir a un tribunal independiente para que decida sobre el asunto sin entrar en la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que Argentina reivindica cada año desde 1965 en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En paralelo a esta presentación, el gobierno británico solicitó a Interpol que rechace eventuales pedidos de Argentina para la detención de personas vinculadas al proyecto Sea Lion. Según trascendió, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas -entre ellas, ciudadanos británicos- deben considerarse motivadas por razones políticas”. De acuerdo con informes, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes podrían calificar como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”. Desde la Cancillería se filtró que la estrategia británica de “demonizar” a Argentina como “el malo de la película” es errónea. Negaron que se haya solicitado alguna detención de los ejecutivos de las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion. Diplomáticos con amplia experiencia advierten sobre las posibles consecuencias negativas que este reclamo unilateral podría generar en la búsqueda de recuperar las islas a través de vías diplomáticas. Señalan que “Gran Bretaña todavía tiene un peso significativo en los organismos internacionales” y que cualquier mención del tribunal relacionada con la “autodeterminación” de los habitantes de las islas (quienes optaron por ser parte del Reino Unido en un referéndum de 2013) podría repercutir directamente en el reclamo argentino por la soberanía. Aunque el tribunal ha comenzado a atender la demanda argentina de forma expedita, se trata solo del primer paso en un proceso cuya resolución -a través de un fallo del tribunal- podría tomar varios meses, según indicaron fuentes diplomáticas.
