Licenciado y magíster en Economía por la UBA, Pastrana se especializó en estabilización y macroeconomía en el Cedes. Trabajó en la Subsecretaría de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, en el equipo de Marta Novick, y fue presidente del BICE durante la gestión de Axel Kicillof. En el Gobierno de Alberto Fernández, junto a Sebastián Etchemendy, participó en el diseño de un pacto social que se vino abajo con la pandemia, experiencia que luego plasmaron en el think tank Fundar. Actualmente, es profesor en las universidades nacionales de Avellaneda y de San Martín, y en 2022 fundó, junto a Pablo Moldovan, la consultora C-P.
—¿Cómo interpreta el fenómeno de un mercado laboral donde el desempleo no ha aumentado tanto a pesar del ajuste realizado, pero el empleo formal disminuye y la informalidad crece?
—Existen dos paradojas en este momento que hicieron que la crisis tardara en ser reconocida por la opinión pública, los políticos y los analistas. En nuestra consultora llevamos un seguimiento mensual de los indicadores laborales y lo que más nos sorprendió fue que el empleo registrado seguía bajando. Este proceso se toma con naturalidad debido a un cambio global hacia el trabajo por cuenta propia en busca de mayor flexibilidad, lo que ha debilitado el empleo tradicional. No obstante, esta disminución se fue acumulando sin que nadie pareciera advertirlo. Ya son 14 meses de caída ininterrumpida en el empleo registrado privado, y no ha habido ni un solo mes de recuperación. Al comparar, la contracción en el último año es similar a la sufrida al inicio del Gobierno, cuando se evidenciaron los estragos de una fuerte devaluación. Esto es anormal y constituye una anomalía.
—¿Es inusual porque las caídas en el empleo asalariado generalmente están asociadas a crisis financieras y al aumento del dólar?
—Lo realmente curioso es que no se esté identificando una gran crisis mientras el empleo registrado refleja síntomas de una crisis devaluatoria contundente, como aquella del inicio. Hasta el propio Gobierno señala que hubo un ajuste fuerte al comienzo de su mandato. Hoy, la situación es paralela, incluso en términos de volumen. Y es extraño que, a pesar de todo esto, la tasa de desempleo no haya crecido en la misma medida. Lo que ocurre es que el ajuste se manifiesta en los ingresos: las personas pierden su empleo formal y se ven obligadas a refugiarse en la informalidad, con menores remuneraciones. Por otro lado, mencionan que quien controla el dólar controla la economía argentina, pero eso no es lo que está ocurriendo. El Gobierno puede dominar el dólar, pero el riesgo país aumenta, la popularidad se desploma y la crisis se presenta sin perspectiva de solución. Esto es otra anomalía, una crisis significativa en la que el desempleo no aumenta tan drásticamente y se sostiene una estabilidad cambiaria, algo sumamente raro. Aquí, las crisis suelen ser devaluatorias. Con 12 recesiones registradas en los últimos 30 años, nueve de ellas vinculadas a crisis devaluatorias, las que no, deben buscarse en los 90, durante la crisis del Tequila y la que comenzó en 1999. En esos casos, se observan mecanismos de ajuste similares, aunque con características distintas.
—El Gobierno destaca que cuenta con superávits gemelos, tanto fiscal como comercial, y que la demanda mundial coincide con lo que Argentina puede ofrecer.
—Eso es parte de la paradoja. Los términos de intercambio son muy favorables, sin embargo, la economía no crece. Este superávit comercial es el más alto registrado, pero ¿por qué las empresas siguen despidiendo trabajadores y no contratan a nadie?
—¿Cuál es su diagnóstico al respecto?
—El asunto radica en las herramientas del programa económico, que se centra en la desinflación. Este mismo programa logró alcanzar en 2024 una reducción significativa de la inflación y generar efectos expansivos notables. La recuperación en forma de V mencionada por el Presidente efectivamente ocurrió. Sin embargo, el programa se mantuvo igual y se sorprenden de que no funcione. Hace tiempo que esos efectos se han desvanecido. A los economistas nos enseñan que lo que funciona, lo hace en todo contexto, y eso no es cierto. En la práctica, las políticas no poseen los mismos efectos en diferentes circunstancias.
—¿Por qué funcionó en su momento y ahora no?
—Al inicio, se pasó de un 25% o 12% mensual a un 4% en seis meses, con paritarias muy indexadas, lo cual permitió la recuperación de los salarios. Sin embargo, eso se modificó drásticamente en 2025, cuando el Gobierno entró en conflicto con Comercio, el sindicato mayoritario, y expresó que no deseaba que se recuperaran los puntos perdidos. Existen planes de estabilización que desindexan, establecen un nuevo nivel salarial y logran recuperación, por ello, son expansivos. En este caso no. ‘Nosotros no rompimos contratos’, dicen en el Gobierno. Está bien, pero tampoco hay un pacto social y la economía sigue indexada. La estabilidad cambiaria ha perdido su efecto desinflacionario. En una economía indexada, la inflación presenta un componente inercial que el control del dólar no logra romper.
—Si los ingresos están indexados, ¿por qué han perdido poder adquisitivo?
—Después de la indexación a comienzos de 2024, surge el ancla salarial, lo que significa que los salarios quedan por debajo de los precios. Desde que se levantó el cepo, en abril del año pasado, la inflación se aceleró de 1,6% en junio de 2025 a 3,4% en marzo pasado. Comercio negociaba un 1% mensual durante seis meses y terminó perdiendo ocho puntos. ¿Es posible afirmar que la economía va a expandirse cuando el principal sindicato pierde ocho puntos? No puede ser. La política salarial ha obligado a los sindicatos a negociar sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que ha inducido al programa un sesgo recesivo. En 2024, si las negociaciones se mantenían en un 5% y la inflación caía a un 3%, se ganaban dos puntos por mes. Ahora, los contratos estaban en un 2% o 1,5%, con una inflación del 2% o 3%, y no se logró recuperación alguna.
—¿Por qué la economía no responde a la caída de la inflación?
—Porque la pauta permanece en torno al 2%, con sumas fijas que no son suficientas para una recuperación sistemática. Hay un estancamiento salarial en niveles bajos en el sector privado registrado, que es el que presenta mejores comparaciones frente al público y a la informalidad. Aun así, más del 70% de los sectores están por debajo de los niveles de actividad de 2023, mientras que las pocas que crecen no son intensivas en empleo. Muchos se ven obligados a dejar su empleo formal y optar por la informalidad, sin vacaciones ni licencias, y con ingresos más reducidos, lo que perpetúa la crisis. Realizamos un estudio que muestra que quienes perdieron un empleo registrado privado y luego trabajaron por su cuenta experimentaron una pérdida promedio de ingresos del 30%. Personas que cobraban $1,5 millones pasaron a ganar $800,000. Además, los ingresos de los informales son altamente procíclicos. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que debe interpretarse con precaución, revela una caída de 15 puntos en los últimos dos trimestres. Cuando el Gobierno afirma que los ingresos de los informales han mejorado, en realidad está analizando una situación de hace uno o dos años.
—¿Y qué sucede con los jubilados?
—El 40% de los jubilados tiene sus ingresos indexados, por lo que cuando la inflación desciende, experimentan un alivio. Sin embargo, el 60% que percibe el bono enfrenta una pérdida gradual, ya que este está congelado. Con una inflación mensual del 2%, un ingreso congelado pierde el 2% mensualmente, lo que acumulado a lo largo del año se vuelve considerable. Lo mismo ocurre con el Progresar o la Tarjeta Alimentar, que en total benefician a 15 millones de personas. Este es un ajuste oculto dentro de la política fiscal, que ha implicado un ajuste sustancial y continúa haciéndolo. Además, se da un impacto en los precios internacionales que encarecen los servicios públicos, lo que resulta en un peso adicional sobre las familias endeudadas. Todos esos gastos son fijos. Se trata de una estabilización con ingresos extremadamente bajos que tensa la sustentabilidad del programa. En un contexto de recuperación no surgen tantos problemas, pero cuando la situación se torna complicada, las demandas sociales emergen rápidamente. Este es un tema que, si el Gobierno logra la reelección, deberá afrontar desde un inicio.
—¿El reclamo social ha tardado en manifestarse?
—Solemos asociar la conflictividad a los niveles de ajuste, lo que marca un sesgo en nuestro enfoque. Los politólogos argumentan que el conflicto surge por diversas causas. Las tensiones emergen cuando hay alguna posibilidad de éxito; si se percibe que se va a perder, la mayoría no participa. En 2024, la actividad y los ingresos se recuperaron, aunque a niveles muy bajos. Los jubilados enfrentaron un ajuste real del 40% respecto de la última década; los asalariados registrados, del 20%. Al inicio de un gobierno, existe más disposición a la espera. La realidad es diferente tras 14 meses de caída en el empleo registrado y un gobierno que no logra ofrecer perspectivas ni siquiera a los mercados financieros con estrategias recurrentes, como los superávits gemelos. Los mercados son procíclicos: apoyan mientras todo marcha bien, pero se retiran cuando la situación se torna adversa.
—¿Cuál es el margen del Gobierno a medida que nos acercamos a un año electoral?
—La desinflación no genera expansión como lo hizo en otros momentos; las medidas del programa, especialmente las fiscales y las relacionadas con los ingresos, son de carácter recesivo y regresivo. El Gobierno aspira a fomentar el crédito, pero enfrenta altas tasas de mora. La estabilidad cambiaria es un requisito para la recuperación, pero impone coeficientes de apertura que afectan al sector productivo. Un dato revelador: el coeficiente de apertura en empresas y contratación de personal se encuentra en niveles de 2002, ni siquiera en los de 2018.
—¿Qué implica eso?
—Significa que el sector privado formal se comporta como si la economía estuviera completamente paralizada. Crece el cierre de empresas, pero eso no explica la magnitud de la crisis. La verdadera explicación radica en que no se están abriendo nuevas empresas y las existentes no contratan a nadie. Despiden y no reintegran. Cuando el Gobierno afirma que el superávit fiscal ofrece perspectivas, a mi juicio, es incorrecto. El equilibrio fiscal puede contribuir a la macroeconomía, pero no ofrece proyecciones optimistas. El próximo año se anticipa más complicado en relación al sector externo. Todo esto lo discutimos en el marco de una anomalía, que es la estabilidad cambiaria. No creemos que haya la volatilidad típica de un año electoral, pero habrá, y el escenario podría volverse muy complicado.
—El Gobierno atribuye la situación a la oposición.
—Eso es una tendencia en todos los gobiernos. Sin embargo, todos los economistas coinciden en que se trata de problemas internos. La oposición ha estado presente, y aún así, la economía ha tenido momentos de expansión, de estancamiento y, ahora, de recesión.
—¿Permitir que el tipo de cambio suba ayudaría a reactivar la economía?
—No anticiparía efectos expansivos con un incremento del tipo de cambio. Una política de apreciación podría generar inestabilidad a corto plazo, y si se permite acumular, podría resultar perjudicial para la política económica. Además, el Gobierno ha descartado completamente cualquier política industrial que permitiría proteger ciertos sectores sin elevar tanto el tipo de cambio. Una devaluación tiene efectos recesivos y regresivos que, de alguna manera, antes se contrarrestaban. Si los aspectos recesivos y regresivos del programa están vinculados a la política fiscal y a la política salarial, ¿por qué modificar otra política podría generar expansión? Si no se alteran los fundamentos, tampoco cambiarán las perspectivas.
