Entre las pruebas reunidas por la fiscalía figuran indicios sobre una presunta estructura que habría canalizado dinero del juego ilegal por internet, operaciones cambiarias irregulares e intermediación financiera sin autorización.
El expediente incluye movimientos de grandes sumas en billeteras virtuales, testimonios de personas vinculadas con casinos clandestinos, conversaciones telefónicas interceptadas y documentos incautados durante los allanamientos.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, Sur Finanzas habría servido para incorporar fondos de origen ilícito al sistema financiero formal, mediante billeteras virtuales y una cuenta corriente de la empresa en el Banco Hipotecario. Desde esa entidad señalaron que Sur Finanzas había presentado la documentación requerida para operar a través del banco.
Uno de los movimientos de mayor volumen se registró en una billetera virtual a nombre de Ignacio L. M., donde circularon 39.456 millones de pesos. También se contabilizaron 15.706 millones en la cuenta de Juan I. C., 1.071 millones en la de Catriel T. y 7.285 millones en la de Jonathan L. L.
La actividad de tres de esas personas estaría relacionada con el casino ilegal por internet, una operatoria que ya investiga la Justicia de La Plata. En tanto, el dinero de una persona de apellido Ledesma habría tenido origen en operaciones de intermediación financiera no autorizada realizadas por Sur Finanzas.
La hipótesis judicial sostiene que la organización dedicada al juego clandestino empleaba datos biométricos de terceros para crear billeteras virtuales a su nombre. Esas cuentas recibían el dinero de las apuestas ilegales.
Luego, los fondos se derivaban a cuatro destinatarios finales: Ignacio L. M., Catriel T., Juan I. C. y otra persona de apellido Scigliano.
Los operadores presuntamente participaban de la distribución de la recaudación y de su posterior ingreso al sistema financiero formal mediante distintos proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.
Una de las pruebas principales es el testimonio de Mauro Perrotta, quien el 26 de agosto de 2026 admitió que administraba uno de los llamados paneles, unidades dedicadas a vender fichas para apuestas.
Los investigadores detectaron, además, que un número telefónico asociado a una cuenta de Ualá abierta a nombre de “Araya” estaba guardado como “CASINO 24HS”.
En una llamada intervenida el 19 de enero de 2026, una mujer le recriminó a Perrotta lo que había hecho “con el CASINO ese”. Él contestó que había sostenido esa actividad durante “un año y pico”.
A esos elementos se agregó un cuaderno incautado el 13 de agosto en uno de los gimnasios vinculados con Perrotta. Había anotaciones sobre casinos, nombres, sumas de dinero y números de teléfono.
La fiscalía también afirma que Sur Finanzas recibía fondos del público y los destinaba a préstamos y al descuento de cheques, aunque no tenía autorización del Banco Central para funcionar como entidad financiera.
La compañía estaba inscripta como proveedora de servicios de pago, pero, según Incardona, gestionaba el dinero de sus usuarios sin mantenerlo separado de sus propios fondos.
Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la firma procesó 51.436 cheques de terceros por un monto superior a 189.658 millones de pesos.
La causa también detectó un préstamo de 702 millones de pesos a Taubenschlag durante 2024 y varias operaciones financieras con Argentinos Juniors.
El club entregó cheques por 600 millones de pesos, con una tasa nominal anual adelantada del 100 por ciento. Además, el 23 de diciembre de 2024 recibió un crédito de 200 millones, con un interés anual del 40 por ciento más un 1,5 por ciento mensual.
Sur Finanzas también operó con REBA Compañía Financiera, como gestora de cobros de cheques de terceros. Entre el 17 y el 28 de julio de 2025, depositó allí documentos de Agolar S.A. por 1.295 millones de pesos. El dinero fue acreditado en la billetera virtual de esa sociedad.
Otro tramo de la investigación examina el presunto uso de fondos procedentes de infracciones cambiarias para crear sociedades y comprar propiedades.
Según la fiscalía, Centro de Inversiones Concordia S.R.L. mantuvo entre septiembre de 2020 y octubre de 2022 tenencias de moneda extranjera superiores a los límites declarados, sin autorización previa del Banco Central.
El organismo estimó el excedente en 103.548.677 dólares. La fiscalía sostiene que las operaciones de compraventa realizadas con esas divisas produjeron ganancias irregulares de al menos 207 millones de pesos, que luego se habrían destinado a constituir Sur Finanzas Group S.A.
La pesquisa también identificó la adquisición de seis unidades funcionales en un edificio de la calle Coronel Samuel Spiro, en Adrogué, a nombre de Cluster Palace Beach S.A. Las compras se realizaron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 por 600.000 dólares en efectivo, equivalentes a 387,3 millones de pesos según las escrituras.
Para la fiscalía, el dinero provenía de infracciones al Régimen Penal Cambiario cometidas mediante Ars Cambios S.A.S., una casa de cambio autorizada por el Banco Central.
Esa misma firma habría reunido el efectivo utilizado para comprar los inmuebles de Adrogué. Entre el 13 y el 26 de abril de 2023 recibió 333.317.100 pesos en once depósitos. El 18 y el 24 de abril, y el 3 de mayo, compró en el banco 70.000 dólares en cada operación. Además, retiró de la cuenta en dólares del Banco Coinag S.A. 100.000 dólares por ventanilla el 24 de abril, otros 100.000 el 3 de mayo y 200.000 el 9 de mayo de 2023: 400.000 dólares en total. Según la acusación, los inmuebles se pagaron con billetes provistos por esa casa de cambio.
Incardona presentó esta reconstrucción ante el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien deberá decidir sobre el pedido de procesamiento. La acusación sostiene que Vallejo habría recurrido a distintas sociedades, billeteras virtuales y cuentas bancarias para convertir fondos de actividades ilícitas en bienes con apariencia legal.
