“Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, escribió Bullrich en su cuenta de X, en respuesta a la decisión que anunció ese día el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.
La senadora también acusó al régimen de Teherán de cometer graves violaciones a los derechos humanos. “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, sostuvo.
La exministra de Seguridad reaccionó después de que Irán incorporara a dos de las tres fuerzas militares argentinas a su listado de organizaciones terroristas. La decisión fue presentada como una represalia a la medida del gobierno de Javier Milei de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
La Cancillería de Teherán comunicó oficialmente la decisión, calificó la medida argentina como un “acto hostil” y afirmó que contradecía principios fundamentales del derecho internacional.
El régimen iraní señaló que actuó en aplicación del principio de reciprocidad y de una ley aprobada en 2019, que prevé represalias contra los países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria.
Además, advirtió al gobierno libertario: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”.
Las autoridades iraníes no especificaron qué consecuencias concretas podría tener la declaración. La medida comprende únicamente a la Armada y la Fuerza Aérea; el Ejército argentino quedó excluido.
El gobierno de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a las Fuerzas Quds y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores. La disposición permitió inscribir a las organizaciones iraníes en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
En su momento, el Gobierno fundamentó la medida en informes oficiales que, según explicó, acreditaban actividades ilícitas transnacionales y la participación de la organización en atentados terroristas perpetrados en la Argentina.
La Casa Rosada relacionó a la Guardia Revolucionaria con los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994. Los atentados causaron 29 y 85 muertes, respectivamente.
La Justicia argentina atribuyó responsabilidades por el ataque contra la mutual judía a funcionarios iraníes y a miembros de Hezbollah, organización libanesa respaldada por Teherán.
La decisión del gobierno libertario se inscribe en su política de alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, enfrentados al régimen iraní. Washington incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La Unión Europea adoptó una decisión similar a comienzos de 2026, tras la represión de las protestas contra el Gobierno en territorio iraní.
