La iniciativa propone una rebaja del 30% en el Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y una reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos, del 4,75% al 3,50%. Según las estimaciones oficiales, los beneficios tributarios vigentes, sumados a las nuevas medidas, representarán un alivio fiscal de $1,5 billones durante 2027.
El anuncio también tiene una dimensión política. La reducción de Ingresos Brutos coincide con uno de los principales reclamos del ministro de Economía, Luis Caputo, a los gobernadores: bajar los tributos provinciales para mejorar la competitividad. Llaryora, sin embargo, sostuvo que el esfuerzo debe ser compartido con el Estado nacional.
“Hay que bajar para aliviar, entendiendo la situación. La Nación también tiene que bajar”, sostuvo el mandatario cordobés durante la presentación del proyecto.
La decisión se conoce mientras la Casa Rosada negocia con los bloques provinciales los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto nacional 2027. Entre los principales temas en discusión están la coparticipación, los fondos destinados a obras públicas y el financiamiento de servicios que quedaron bajo responsabilidad de las provincias.
En ese escenario, Llaryora busca mantener una posición propia: acompañar el objetivo de equilibrio fiscal y la reducción de impuestos, pero reclamar una mayor participación del Estado en las políticas productivas, educativas y sociales.
Uno de los principales cambios del proyecto alcanza al Impuesto Inmobiliario Urbano. Las propiedades valuadas hasta $307 millones tendrán una reducción del 30%; para las que superen ese monto, el descuento será del 5%.
El Gobierno provincial afirmó que la medida abarcará la totalidad de los inmuebles urbanos. También se mantendrán las exenciones para algunos sectores, entre ellos jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas de vivienda social.
En Ingresos Brutos, la alícuota general bajará del 4,75% al 3,50%, una disminución de 1,25 puntos porcentuales. Además, se ampliará el régimen de alícuotas reducidas para pequeños y medianos contribuyentes.
En la actualidad, unos 70.000 contribuyentes reciben ese beneficio. Con los cambios previstos se sumarían otros 40.000, hasta llegar a un total de 110.000.
El proyecto incluye también una nueva Ley de Promoción del Comercio, que permitirá otorgar beneficios impositivos a los establecimientos que realicen inversiones. A la vez, seguirán vigentes los regímenes de promoción industrial y las exenciones de Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias contempladas en la normativa.
Otra medida establece una reducción del 50% del Impuesto Automotor para los vehículos destinados al transporte público de pasajeros y determinados servicios de movilidad. El esquema prevé, además, una exención total para las motos utilizadas en actividades de reparto.
Según la documentación oficial, las nuevas reducciones tributarias tendrán un costo fiscal estimado de $222.698 millones. Al incorporar los beneficios y las exenciones que ya rigen, el monto total previsto para 2027 asciende a $1,5 billones.
El proyecto presentado por el gobierno cordobés incorpora también medidas para contener el gasto y sostener el equilibrio fiscal, entre ellas una reducción de la publicidad oficial y restricciones para la ejecución de nuevas obras públicas.
La presentación tuvo lugar en un contexto de dificultades económicas para la provincia. De acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo cordobés, cerraron más de 3.000 establecimientos comerciales y se perdieron más de 35.000 puestos de trabajo. La recaudación provincial, además, acumula más de diez meses consecutivos de caída.
El anuncio se produce después de que Llaryora cuestionara públicamente algunos aspectos de la política económica nacional, en particular sus efectos sobre la producción, el consumo y el empleo.
En octubre, durante una entrevista, el gobernador reconoció la necesidad de estabilizar la macroeconomía, pero advirtió que esa política debía estar acompañada por medidas para impulsar la actividad económica.
“Uno puede estabilizar la macroeconomía con la paz de los cementerios”, afirmó entonces, al cuestionar las consecuencias sociales de una política enfocada exclusivamente en ordenar las cuentas públicas.
También reclamó más recursos para las universidades y las políticas de discapacidad, dos áreas incluidas en las negociaciones actuales entre el oficialismo nacional y los bloques dialoguistas del Congreso.
Las diferencias abarcan, además, el financiamiento de la infraestructura y las deudas entre la Nación y Córdoba. En los últimos días, Llaryora y Caputo acordaron compensar obligaciones por $142.959 millones, aunque siguen pendientes otros reclamos relacionados con la Caja de Jubilaciones provincial.
El Presupuesto 2027 se presenta, además, en la antesala de un año electoral, en el que el peronismo cordobés buscará defender su gestión ante el avance de La Libertad Avanza en la provincia.
