La decisión del embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, dejó al país como el único de América Latina que no apoyó la resolución. La Argentina se sumó a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún: fueron seis abstenciones. Somalia fue el único país que votó en contra. El resto de América Latina, la Unión Europea y Asia respaldaron el texto.
En esta ocasión, el Gobierno no acompañó a Israel, en medio de un proceso electoral que podría dejar sin poder a su aliado libertario, Benjamín Netanyahu. Aunque mantiene frecuentes disputas con la ONU por la cuestión palestina, Israel cuenta con amplio consenso social, muchas veces progresista, en temas sensibles vinculados con la protección de la población. Esta vez integró el grupo de 175 Estados que votaron a favor.
La resolución se apoyó en los niveles extremos de violencia que sufren mujeres y niñas en territorios atravesados por conflictos, como el enfrentamiento entre Israel y Palestina, la guerra entre Ucrania y Rusia y la violencia en Sudán y Myanmar. La delegación estadounidense afirmó que la iniciativa no era prioritaria para la Casa Blanca de Donald Trump y se opuso a las políticas de género, salud sexual y reproductiva y educación sexual que combate la actual administración republicana.
La Argentina, en cambio, se alineó automáticamente con esa postura. La Cancillería, conducida por Pablo Quirno, no explicó los motivos, pese a que el país cuenta con legislación que protege esos derechos y atraviesa un contexto de alta violencia y femicidios. El excanciller Gerardo Werthein había votado en contra de una resolución similar, aunque luego modificó su posición sobre el tema.
La abstención provocó fuertes críticas de la oposición y en las redes sociales. El ex canciller peronista Jorge Taiana escribió: «NUEVO BOCHORNO DIPLOMÁTICO Argentina se abstuvo de votar en la ONU una resolución histórica para intensificar los esfuerzos por prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.» La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade publicó la tabla de votación y expresó: «El vergonzante voto de abstención, no es de la Argentina. Es del gobierno de Nuestro país registra creciente violencia contra las mujeres y esto no hace más que convalidar el desprecio de políticas retrógradas, de un presidente que todos los días da muestras de servilidad a su mandante Donald Trump. Mi repudio absoluto.»
La decisión se suma a otras posiciones del Gobierno en la ONU que generaron cuestionamientos. El 2 de noviembre, la Argentina votó en contra del proyecto de resolución «Informe de la Corte Penal Internacional». La iniciativa respaldaba el informe anual de la CPI e incluía medidas para proteger la independencia y el funcionamiento del tribunal frente a amenazas, ataques e interferencias.
El 11 de noviembre, el país se abstuvo en la votación del proyecto de resolución «Soberanía permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado». Esa postura contrasta con la que la Argentina sostiene ante el Tribunal Internacional del Mar respecto del proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas. La resolución sobre Palestina se basa en principios jurídicos que también aparecen en el texto de la ONU sobre la soberanía permanente del pueblo palestino sobre sus recursos naturales. En ambos casos se cuestiona la explotación de recursos por parte de una potencia que controla un territorio cuyo estatuto jurídico es objeto de controversia internacional.
La Argentina tiene un candidato a la Secretaría General de la ONU, el embajador Rafael Grossi. Por eso, más allá del alineamiento y del respaldo de Trump al Gobierno libertario, se espera que el país tenga un desempeño más «colaborativo» en la comunidad internacional que el actual.
La abstención dispuesta por el canciller Quirno y votada este lunes por el embajador Tropepi resulta difícil de explicar si se considera que la Argentina forma parte de dos tratados internacionales centrales para combatir la violencia contra las mujeres: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979. La primera tiene jerarquía superior a las leyes y la segunda, jerarquía constitucional.
El país tuvo un papel de liderazgo en organismos internacionales al impulsar que otros Estados firmaran y ratificaran ambas convenciones.
Además, la Argentina sancionó numerosas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, durante gobiernos peronistas, radicales y de otras orientaciones políticas.
El marco jurídico nacional es amplio e incluye la protección frente a la violencia doméstica y sexual, los femicidios, la trata de personas, el acoso y otras formas de violencia por motivos de género.
La principal norma en la materia es la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009.
Desde la década de 1990, el país también creó instituciones, organismos especializados y mecanismos de asistencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Se establecieron en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Estos antecedentes muestran que, desde el retorno de la democracia, la Argentina construyó un marco institucional especializado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se trató, en ese sentido, de una política de Estado.
Durante el gobierno de Javier Milei, sin embargo, se introdujeron cambios importantes en esa estructura:
– El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dejó de existir como ministerio en diciembre de 2023. Sus funciones pasaron primero al Ministerio de Capital Humano y luego al Ministerio de Justicia.
– La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género recibió las competencias del área, pero el Gobierno anunció su cierre en junio de 2024.
– La Oficina de Violencia Doméstica continúa funcionando en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
– La Oficina de la Mujer sigue en actividad dentro del Poder Judicial.
– La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres continúa funcionando en el Ministerio Público Fiscal.
– La Línea 144 brinda asistencia gratuita las 24 horas, todos los días del año.
