El tribunal rechazó el argumento oficial de que difundir esos datos permitiría elaborar rankings y estigmatizar a escuelas, estudiantes y docentes.
Por el contrario, sostuvo que “hacer pública la información requerida, por lo tanto, apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades, antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados”.
“Esto es exactamente lo contrario de lo que postula la demandada, quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, escribió la mayoría.
La decisión recae sobre el entonces Ministerio de Educación, hoy integrado en Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. La firmaron los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefin y Juan Fernando Perozziello Vizier.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, aunque coincidió casi por completo con el dictamen de la Procuración.
Así, el máximo tribunal confirmó un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Salta en el amparo iniciado en 2019 por Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, padre de un estudiante.
El demandante, oriundo de Salta, había solicitado los “Reportes de Resultado” de todas las escuelas e institutos de formación docente de la provincia que participaron en las evaluaciones de 2016 y 2017.
El Ministerio le denegó el acceso. Alegó que la información se había obtenido de manera confidencial y ofreció, en su lugar, datos agrupados por municipio, siempre que hubiera al menos dos escuelas en cada uno.
Durante el juicio, el Estado añadió que publicar cifras por establecimiento expondría indirectamente información sobre los alumnos, dado que las pruebas también permiten conocer si sus hogares son pobres, migrantes o indígenas.
Sostuvo, además, que esa difusión permitiría ubicar a las escuelas entre las “mejores” y las “peores”, una práctica que calificó de “moralmente condenable”.
También advirtió que el sistema de evaluación podría quedar en riesgo si estudiantes y docentes dejaban de responder con honestidad. Como argumento, mencionó la oposición de los sindicatos docentes Ctera y Sadop.
La Corte contestó que el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional establece que la difusión de los resultados “resguardará la identidad” de alumnos, docentes e instituciones “a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.
Para la mayoría, esa reserva se aplica “si y solo si” resulta necesaria para prevenir la estigmatización, y corresponde al Estado acreditar ese riesgo en cada situación.
El tribunal consideró que la resolución del Consejo Federal de Educación que vedó toda información desagregada equiparó “identificar” con “estigmatizar”, una interpretación que no se desprende del texto legal.
La Corte también descartó la aplicación del secreto estadístico previsto en la ley del Indec, ya que el Ministerio no probó que los datos se hubieran recopilado con fines exclusivamente estadísticos.
Definió la negativa oficial como “genérica, abstracta y conjetural”. Sobre la posibilidad de que se debilitara el sistema de evaluación, señaló que la posición ministerial “parece claudicante y esquiva” frente a las obligaciones legales del Estado.
El eje del fallo es el control de la política educativa. Según los jueces, los operativos Aprender “no son una gracia o favor del gobierno”. Acceder a sus resultados por escuela permite determinar si algunos establecimientos mantienen resultados deficientes y si el Estado puso en marcha planes para revertirlos.
La información también sirve para controlar si los docentes más calificados son destinados a las escuelas más desfavorecidas y si se garantiza a los pueblos originarios una educación bilingüe e intercultural, tal como establece la ley.
La Corte concluyó que la difusión busca “efectivizar la igualdad real de oportunidades antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.
Ahora, los jueces salteños deberán establecer cómo se entregará la información para impedir que se divulguen datos que permitan identificar a quienes participaron en las evaluaciones, en particular a menores de edad.
Rosenkrantz propuso revocar la sentencia y devolver el expediente a la Cámara de Salta para que dicte una nueva resolución.
El juez adoptó los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, que también había recomendado revocar el fallo, salvo por uno de sus párrafos.
En su voto, Rosenkrantz sostuvo que el ordenamiento jurídico puede fijar límites al acceso a la información, siempre que sean “verdaderamente excepcionales” y estén “establecidas previamente en términos claros y precisos”, de acuerdo con la ley de acceso a la información pública.
El caso demoró siete años en alcanzar una sentencia firme. En primera instancia, el juzgado federal 2 de Salta había rechazado el amparo; luego, la Cámara de apelaciones revocó esa decisión y ahora la Corte confirmó el fallo.
