La adhesión al tratado de patentes es uno de los requisitos del entendimiento comercial suscripto entre la Argentina y Estados Unidos. También integra los compromisos asumidos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El Gobierno buscó acelerar el texto original en Diputados, pero encontró la oposición de los laboratorios locales. Antes de su llegada al recinto, se dejó “en reserva” el capítulo II, que prevé que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros. El cambio fue considerado una concesión importante.
Representantes del sector alertaron sobre la posible expansión del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de laboratorios multinacionales. Según advirtieron, podrían recurrir al examen preliminar internacional previsto en el capítulo II para introducir cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos existentes, sin mejoras terapéuticas reales, y así prolongar artificialmente un eventual monopolio y dificultar la competencia.
También sostuvieron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería capacidad de decisión. A su juicio, los informes y dictámenes preliminares de oficinas extranjeras de patentes o de agencias internacionales podrían debilitar y condicionar la autoridad del organismo argentino.
El miembro informante del proyecto y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el senador libertario Francisco Paoltroni, de Formosa, defendió la iniciativa: “El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una ‘start up’ tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”.
Guillermo Andrada, senador de Convicción Federal por Catamarca y exintegrante del kirchnerismo, afirmó que con el acuerdo “los investigadores van a tener que hacer menos trámites, van a poder incorporarse al mundo con su patente con una ventanilla única, pero la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”. La senadora peronista disidente Flavia Royón, de Salta, destacó que el tratado permitiría que “con una sola solicitud en el INPI se pueda proteger el invento en los 159 países que están en el sistema”, lo que consideró favorable para el “sistema científico y tecnológico”.
El jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, de Catamarca, cuestionó el proyecto y vinculó su aprobación con otros asuntos. “Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos -aún no tratado por el Congreso-, la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”.
La ley de propiedad privada restablece la norma de 2011: fija en 15 por ciento el máximo de tierras que pueden estar en manos extranjeras, establece un tope del 30 por ciento para personas de una misma nacionalidad y limita a 1.000 hectáreas la propiedad en la zona núcleo. En materia de expropiaciones, incluye entre los bienes alcanzados aquellos “convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
El texto dispone, además: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
La compensación “sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. No se computarán “circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
La indemnización también “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Para ese concepto, agrega el articulado, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
Otro apartado reconoce beneficios a quienes “con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
En relación con los desalojos por falta de pago en viviendas, el proyecto establece que “previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”. La disposición había generado preocupación en algunos bloques durante el debate en ambas cámaras.
El texto agrega que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
También señala: “Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”.
En una discusión más breve que la dedicada a discapacidad, Mayans cuestionó lo que definió como el “desastre legislativo que ha sido puesto en marcha por -el ministro de Desregulación, Federico- Sturzenegger”.
El Senado aprobó por unanimidad, con 68 votos, un proyecto que establece medidas obligatorias de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o juegos de plazas, tanto en espacios públicos como privados. El objetivo es prevenir accidentes y proteger la integridad física de niños, niñas, adolescentes y de toda persona que los utilice.
La ley lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero de este año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo cayó sobre él y le provocó lesiones que derivaron en muerte encefálica. El senador radical Maximiliano Abad, de Buenos Aires y vicepresidente de la comisión de Deportes, recordó el caso en el recinto y mencionó al chico por su nombre.
La norma dispone que quienes estén alcanzados deberán “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.
Otro proyecto, que recibió 42 votos favorables y 24 negativos, amplía el transporte de cargas por agua, incorpora nuevos operadores y simplifica trámites. La iniciativa busca aprovechar los puertos argentinos para reducir los costos logísticos y elevar la competitividad de las economías regionales.
La propuesta cuenta con el impulso de varias provincias del norte. La senadora radical chaqueña Silvana Schneider describió una “dificultad que no podemos ignorar” y señaló que en “una buena parte de nuestros puertos” “no existe una oferta competitiva para atender las necesidades”.
Schneider ilustró el problema con una comparación: trasladar la carga en barcaza hasta el puerto de Rosario encarecería en un 24 por ciento el costo por tonelada para el productor respecto del transporte terrestre, que cubre un trayecto de 700 kilómetros.
Después de la medianoche, la lectura de varias modificaciones adicionales generó desorden en el recinto, tras más de 12 horas de sesión. Integrantes del kirchnerismo acusaron a una de las impulsoras del proyecto, Carolina Moisés, de Jujuy y excompañera de bloque, de faltar el respeto al Senado. La disputa enfrentó, en el fondo, a representantes de los gremios camioneros con algunos gobernadores y el Gobierno nacional, que celebró la aprobación.
También avanzó un proyecto de la senadora macrista Andrea Cristina, de Chubut. La iniciativa establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes”. Fue aprobado por unanimidad, con 62 votos.
Antes de esas votaciones, el Senado designó a integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. También aprobó varios acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional y un acuerdo celebrado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, avaló la transferencia a las provincias de varios inmuebles que pertenecían al Estado nacional.
