El estado de vulnerabilidad en la que se encuentra el Gobierno –por la crisis económica y la campaña electoral– hace imposible su eliminación, reconversión o cualquier acción de esta naturaleza, según reconocieron fuentes cercanas al presidente Mauricio Macri.
“Sería contraproducente hacerlo ahora. Quedaría mano de obra desocupada con mucha capacidad de daño. Quedará para después de octubre”, analizó uno de los hombres de consulta del jefe del Estado.
Macri, según confiaron allegados, confía y está tranquilo con el trabajo que lleva adelante su amigo Gustavo Arribas, director de la AFI. Incluso, este fin de semana, como casi siempre, Arribas estuvo en la quinta de los Macri, Los Abrojos, donde jugó al paddle con el Presidente. Ahí, según pudo reconstruir LA NACION, nada se habló de reformas o cambios en la exSIDE.
Este no fue el primer pedido de Carrió para cerrar el organismo de la calle 25 de Mayo. Lo mismo hizo en 2017 y 2015. Y tampoco fue la única que avanzó en ese sentido. Es una de las pocas cuestiones en las que coincidió con su enemigo, el consultor Jaime Durán Barba. Otro de los que había aconsejado lo mismo fue el abogado todoterreno Fabián Rodríguez Simón.
Pero, en esta oportunidad, la petición de Carrió se dio en un contexto diferente. Lo hizo en medio del creciente escándalo por las revelaciones sobre la existencia de una supuesta operación de inteligencia paraestatal que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a partir del caso del falso abogado Marcelo D’Alessio.
“La única medida eficaz para combatir el espionaje ilegal en la Argentina es eliminar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, escribió la legisladora en redes sociales.
Más temprano, en un comunicado, la Coalición Cívica-ARI recordó que Carrió presentó en 2016 un proyecto para reemplazar a la entonces Secretaría de Inteligencia por “un nuevo sistema nacional de investigación, transparente y acorde con las garantías constitucionales que deben regir en un Estado de Derecho”. Y llamó a “crear en su lugar un organismo que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo».
La líder de la Coalición, una de las piezas claves de Cambiemos, advirtió que ella y otros dirigentes de su partido «han sido víctimas de distintas operaciones de inteligencia y amenazas que no han cesado».
En ese sentido, resaltó “las intimidaciones contra Carrió cuando investigó el crimen de Leopoldo Poli Armentano, las operaciones sufridas durante la comisión de lavado de dinero que presidió en el año 2001 y las falsas cuentas en Suiza atribuidas a Enrique Olivera en la campaña electoral del año 2005”, entre otras.
«El oscuro y podrido mundo del espionaje, las amenazas y las operaciones terminarán cuando un mensaje claro en su contra sea enviado desde el Estado y desde la dirigencia política», resaltó en su comunicación la CC.
Y añadió: «Nuestro país podrá dar ese paso si crea un organismo transparente que sea capaz de combatir el crimen organizado del que forman y formaron parte también agentes de inteligencia de todo tipo».
En las últimas semanas el caso D’Alessio volvió a poner en el foco de la atención pública al submundo de los espías y sus ramificaciones con el espionaje ilegal. Aún resta saber los detalles de la interacción que mantenía D’Alessio con los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, a quienes se señala como parte de la AFI. Parte de esto es lo que investiga el juez Ramos Padilla.
Pero en las últimas horas también se encendieron las alarmas en el búnker de María Eugenia Vidal, como adelantó Perfil. La gobernadora bonaerense sospecha que fue víctima de espionaje ilegal. Rápido de reflejos, Arribas, el “Señor 5” se comunicó con Vidal y con su jefe de gabinete, Federico Salvai, para negar esa información.
¿Le creyeron? “Entre Ramos Padilla, [el periodista Horacio] Verbitsky y Arribas, hay que créele a Arribas”, sentenció una alta fuente de la gobernación.
Arribas está fuera de toda duda, pero la respuesta pierde firmeza e intensidad cuando se menciona a Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI, ligada al presidente de Boca, Daniel Angelici, y al exhombre fuerte de la Secretaría en tiempos de Néstor Kirchner, Francisco Larcher.
También quedaron bajo sospecha los servicios de inteligencia paralelos en el robo en las oficinas de Sergio Massa. El episodio, repudiado por todo el arco político, desde el Gobierno a la expresidenta Cristina Kirchner –que denunció que “el espionaje político que se vive en nuestro país es francamente intolerable»– ocurrió hace unos días en la Avenida del Libertador al 800, en el barrio de Retiro.
