En medio de una crisis política vinculado a presuntos pagos ilegales que están bajo investigación, lo que llevó a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se ha ingresado al Senado el texto titulado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». Este propone cambios fundamentales a la normativa actual y establece nuevas restricciones para quienes buscan recibir beneficios, redefiniendo así los criterios para acceder a la asistencia estatal.
El proyecto tiene como núcleo la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”, se destaca en el análisis del documento.
La propuesta, de ser aprobada, obligará a un reempadronamiento forzoso para todos los beneficiarios de pensiones por invalidez, quienes deberán volver a demostrar su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales. «Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Asimismo, se implementará un proceso de fiscalización de las solicitudes de pensión que incluirá el cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
Ante cualquier indicio de incompatibilidad o inconsistencia en la solicitud de apoyo estatal, el proyecto permite la suspensión de la pensión de manera “preventiva” en base a irregularidades encontradas en estas verificaciones, garantizando el derecho a defensa y un proceso de revisión.
El nuevo esquema estipula que el monto de la pensión no contributiva será el 70% del salario mínimo jubilatorio, eliminando la facultad del Ejecutivo para otorgar incrementos en base a la invalidez laboral o a condiciones de zona geográfica desfavorable.
Con respecto al ámbito laboral, se introduce una “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. En caso de ser aprobado, el proyecto de ley impediría que una persona con discapacidad pueda ser empleada de forma registrada y, al mismo tiempo, conservar su beneficio, lo que endurecería notablemente las condiciones actuales. «Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Además, se prevé que la normativa afecte los beneficios otorgados a las organizaciones que contratan personas con discapacidad, al eliminar disposiciones que promovían programas de inclusión laboral.
