Los procesos de licitación, impulsados por un enfoque libertario, no establecieron requisitos para que las empresas interesadas presentaran antecedentes de buena conducta ni planes para la transparencia en la concesión. Además, se incluyó un artículo, resultado de la presión de las constructoras, que exigía la participación de una empresa con experiencia en obras públicas dentro de los consorcios. Esta medida busca evitar la incorporación de empresas ajenas al sector que pudieran alterar este lucrativo círculo.
Recientemente, se han registrado avances en la Etapa II, que involucra la concesión de dos corredores adicionales, sumando un total de 1800 kilómetros. Estos son el Tramo Sur (que incluye rutas 3, 205, un segmento de la 226 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas) y el Tramo Pampa (que abarca la ruta 5 entre Luján y Santa Rosa, en La Pampa). En esta etapa, el Gobierno descartó varias ofertas y seleccionó las que continuarán en el proceso.
Entre las ofertas precalificadas para el tramo correspondiente a la ruta 5 están Vial Agro-Fontana Nicastro; CN Sapag-Víctor M. Contreras; Merco Vial-Lemiro Pietroboni; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; CPC-Clear Petroleum y Construcciones del Oeste. Solo la última empresa no está implicada en la causa Cuadernos. Las otras cuentan con ejecutivos acusados en relación a diversas irregularidades.
Un caso particular es el de la empresa CPC, vinculada a Cristóbal López. En el informe de la Comisión Evaluadora, que firma el ingeniero civil Enrique Juan Eiras, asesor de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, se señala que se consultó a un juzgado comercial sobre el estado del concurso preventivo de la empresa. Sin embargo, parece que no se revisaron sus antecedentes con la Dirección Nacional de Vialidad, dado que CPC acumula rescisions contractuales (perdió la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas por retención de una tasa vial cobrada a través del peaje) y varios contratos de obra pública fueron cancelados por incumplimiento, incluyendo el de la ruta 3.
No obstante, López y su empresa han sido calificados para gestionar el peaje de un corredor donde están llevando a cabo la construcción de una autovía de 30 kilómetros entre Mercedes y Suipacha. Este tramo, sin embargo, se encuentra paralizado y presenta retrasos significativos, así como controversias con Vialidad Nacional relacionadas con los pagos y la calidad de la obra. A pesar de estos antecedentes negativos, CPC ha sido autorizada para competir en este proceso.
