«Vázquez ya fue sobreseído en esa causa. No hay nada nuevo», afirmaron desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, quien tiene una notable influencia en la gestión de la ARCA. Según esa misma fuente, la denuncia impulsada por los diputados de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hace referencia «al mismo tema por el que ya fue sobreseído», lo cual minimizaría la relevancia de la solicitud de citación formulada por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez.
«Esa denuncia no se está tramitando en la PIA. Está en el juzgado de (Marcelo) Martínez de Giorgi, que aún no ha tomado ninguna acción ni ha llamado a Vázquez a indagatoria. Es una solicitud de la PIA que el juzgado podría desestimar», añadieron desde el Gobierno como parte de su defensa. El juez federal Martínez de Giorgi también está a cargo del caso relacionado con la criptomoneda $LIBRA, que genera preocupación en la Casa Rosada. Además, su esposa, Ana María Cristina Juan, será incluida en una próxima lista enviada por el Poder Ejecutivo al Senado para ocupar más de 300 vacantes judiciales pendientes desde el último año de gestión de Alberto Fernández.
El propio Caputo se pronunció este miércoles en contra de la nota que informaba sobre el pedido de la PIA. «Un periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Un denunciante reiterado presenta otra denuncia sobre el mismo hecho juzgado. El mismo periodista elabora una nueva nota afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria, ‘confundiendo’ un pedido de citación de un organismo donde no tramita la denuncia con una citación efectiva del juzgado», expresó Caputo. Y retó al autor del artículo, Hugo Alconada Mon, y al diputado Ferraro: «Si quieren gobernar el país, podrían comenzar ganando las elecciones en lugar de intentar perjudicar a funcionarios para dañar al gobierno», resaltó.
En su requerimiento, el fiscal Rodríguez sostiene que Vázquez debe ser indagado –y posiblemente procesado– por la omisión maliciosa de información en su declaración jurada patrimonial, un delito que conlleva penas de hasta dos años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación para incluir presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde ARCA comunicaron que no tienen comentarios adicionales sobre estos eventos.
