Un primer acuerdo se había logrado a principios de este mes, en una reunión entre la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y sus colegas de la UCR, el PRO, y representantes de partidos provinciales.
En ese encuentro, se decidió eliminar por completo el capítulo relacionado con el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), lo que supuso un revés para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había hablado en el Senado en contra del sistema vigente. Sturzenegger había propuesto que las provincias asumieran el control del registro, cuestión que implica una gran cantidad de recursos económicos.
Los otros dos temas cruciales en la agenda se refieren a los desalojos exprés y la venta de terrenos a extranjeros. Respecto al primero, se prevé una mejora en la redacción que aborda los juicios sumarísimos y se mantendrá la acción legal contra intrusos. Se incluirá, además, una protección mínima para grupos vulnerables, con la intervención de organismos locales y del Ministerio Público Tutelar en situaciones que involucren a menores, personas con discapacidad o ancianos en situaciones de desprotección.
En lo que respecta a la venta de terrenos, se actualizará la reglamentación sobre tierras rurales, permitiendo a cada distrito conservar el control sobre su territorio, mientras que se prohibirá la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros y de sociedades o estructuras en su control.
El antiguo esquema de topes generales basados en porcentajes, nacionalidad o hectáreas no será parte de la nueva normativa, lo que será bien recibido por los mandatarios locales. Sin embargo, en las zonas de frontera, se requerirá la intervención de la provincia con la autorización previa del Gobierno nacional. Todo esto se llevará a cabo, siempre que no se presenten observaciones adicionales antes de la reunión de mañana.
Si se consigue el dictamen, Bullrich anticipa una sesión para la próxima semana, no solo para este proyecto, sino también para otro que proviene del Ejecutivo y que ahora tiene carácter de máxima urgencia, ya que no pudo ser aprobado anteriormente en la Cámara alta: un acuerdo con dos holdouts por un total de 171 millones de dólares.
Dicha iniciativa ya ha sido dictaminada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, así como por Economía Nacional e Inversión. Originalmente, se debería haber votado y enviado a la Cámara de Diputados el jueves pasado, pero, horas antes de la sesión, se recibió una enmienda desde el Ejecutivo, lo que llevó a que la propuesta regresara a comisión, reiniciando así el proceso. Se dispone de tiempo hasta finales de mayo para obtener la aprobación del Congreso.
En la reunión programada para las próximas horas, se presentarán el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; su segundo, Juan Ignacio Stampalija; y el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.
El convenio implica que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al
