Este martes por la tarde, bajo la dirección de Patricia Bullrich (Capital), líder de la bancada oficialista, se discutieron estos proyectos en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Gonzalo Guzmán (Salta) y Agustín Monteverde (Capital), respectivamente.
Con el dictamen firmado, se espera que estos proyectos sean debatidos en la próxima sesión del Senado, junto a aproximadamente 60 nombramientos judiciales que ya cuentan con el respaldo de la Comisión de Acuerdos.
Uno de los proyectos, impulsado por Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), propone la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, lo que resultaría en la duplicación del número actual de magistrados, que asciende a tres.
El otro dictamen busca modificar la estructura vigente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que actualmente tiene cinco miembros. La propuesta sugiere su división en dos salas, cada una compuesta por dos integrantes, con un presidente que se involucraría en los casos de empate o subrogancias. Este despacho integra dos iniciativas previas presentadas por las senadoras peronistas Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).
“Mar del Plata necesita una nueva sala. No sólo se requiere una justicia justa, sino también una justicia rápida, que es lo que la sociedad demanda”, expresó Abad en defensa de su propuesta.
El juez Alejandro Tazza, presidente de la Cámara de Mar del Plata, también intervino en el plenario, abogando por la ampliación del tribunal. “Una sala más beneficiaría a todos”, aseguró.
Tazza destacó que “el 50% de los ingresos anuales de expedientes son de naturaleza previsional y de salud”, subrayando la relevancia de resolver oportunamente asuntos tan críticos.
Por su parte, el peronista Carlos Espínola (Impulso País-Corrientes) solicitó que se emita dictamen sin necesidad de esperar otra reunión. Fue entonces cuando Bullrich intervino, disipando cualquier señal de posible retraso en la discusión de los proyectos.
“Conocemos bien el distrito; es un área que desde 1992 ha cambiado notablemente. Se trata de una zona portuaria, escenario típico de delitos federales, con un crecimiento poblacional importante, que ya no es solo un destino turístico, y presenta una complejidad significativa en el tipo de delitos”, argumentó la senadora oficialista, apoyando la propuesta de Abad.
