Mediante un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales han solicitado a las autoridades federales la transferencia de los fondos pendientes, esenciales para “garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.
“Reclamamos la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales”, manifestaron en el comunicado.
Un dato relevante es que el 90% del gasto total en universidades se destina a salarios de docentes y personal no docente, que incluye a quienes están a cargo de administración y mantenimiento.
El comunicado también mencionó la crisis que están atravesando los hospitales universitarios, subrayando que el Gobierno aún no ha transferido los fondos asignados en el Presupuesto 2026. “El Gobierno no ha girado aún cuota alguna”, enfatizaron los rectores.
Recientemente, el Ejecutivo propuso a los rectores la transferencia de los fondos previstos en una iniciativa legislativa que busca reformar la ley actual y mitigar su impacto fiscal. Sin embargo, esta modificación solo contempla la recuperación de la pérdida salarial que sufrirían los docentes durante 2025, no desde 2023.
Los rectores presionan al Gobierno para que se efectúen los pagos correspondientes, sugiriendo que a cambio de la reactivación de las paritarias, las universidades tendrían que retirar la acción judicial que interpusieron contra el Gobierno, la cual está a la espera de una resolución por parte de la Corte Suprema. Esta acción exige el cumplimiento de los aumentos salariales y de becas establecidos en la ley de financiamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si la Corte se pronuncia en contra del Gobierno, este tendría que desembolsar alrededor de $2,5 billones a las universidades.
El conflicto sobre el presupuesto entre el Gobierno y los hospitales universitarios se intensificó a principios de mayo, justo antes de la cuarta Marcha Federal Universitaria. En una conferencia de prensa, los directores de los seis hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acusaron al Gobierno de retener fondos y advirtieron que, de no solucionarse, podrían verse obligados a cesar operaciones en un plazo de 45 días. De acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, la UBA solicitó una asignación de $75.371.896.068 de esos fondos, que representa el 94,5% del presupuesto destinado a todo el sistema universitario nacional.
