La distribución del presupuesto por funciones ha mostrado cambios significativos. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Seguridad Social continúa siendo el sector que concentra la mayor parte del presupuesto, aunque su participación disminuyó del 63% al 59% durante el período de enero a mayo. Este ajuste refleja un aumento en los Servicios de la Deuda Pública, que representaron un 12% del total ejecutado, evidenciando un crecimiento respecto al mes anterior. Programas relacionados con Educación y Cultura y Salud aportaron cada uno un 5%, mientras que las áreas de Energía, Combustibles y Minería, Justicia, y Promoción y Asistencia Social tuvieron un impacto menor.
El informe resalta caídas notables en muchos organismos del gobierno nacional. CEPA señala recortes importantes en la Agencia de Acceso a la Información Pública (37%), la Defensoría del Pueblo de la Nación (41%), la Cámara de Diputados (41%) y el Senado (40%). Asimismo, otros organismos, como la Auditoría General de la Nación (19%), la Defensoría General de la Nación (11%), la Procuración General de la Nación (10%) y la Unidad de Información Financiera (26%) experimentaron reducciones en sus presupuestos. A diferencia de ellos, la Secretaría de Inteligencia del Estado reportó un incremento del 34% en su ejecución.
El sector de Salud mostró variaciones diversas según el CEPA. Entre los organismo con datos comparables, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán tuvo una caída del 33%, la ANMAT un descenso del 41% y la Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió un 64%. La Secretaría Nacional de Discapacidad, previamente conocida como Agencia Nacional de Discapacidad, vio una disminución del 41,2% en su presupuesto, en medio de las demandas para que el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en el Congreso.
Los hospitales nacionales también sufrieron recortes en sus fondos: el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer cayó un 50%, el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte un 51%, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas un 33% y el Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo un 45%. En contraste, el INCUCAI fue una excepción, registrando un aumento real del 85% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Otro dato notable es que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también cayó un 7%, afectando significativamente el gasto total. La ejecución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia disminuyó en un 75%, mientras que la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajó un 31%. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se redujo en un 82 por ciento.
En el ámbito del desarrollo productivo, el CEPA identificó descensos moderados: el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero registró una caída del 31%, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial del 42%, el Instituto Nacional de Semillas del 47%, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del 81%, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del 30% y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del 36%.
En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, los recortes fueron amplios: la Policía Federal Argentina bajó un 34%, la Prefectura Naval un 31% y la Gendarmería Nacional un 30%. Las fuerzas armadas también sufrieron reducciones: Armada Argentina un 19%, Ejército Argentino un 15% y Fuerza Aérea un 18%. La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal disminuyó un 21% y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros Militares un 17%. Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas informó un incremento del 43%, mientras que el Servicio Penitenciario Federal experimentó una disminución del 8%.
En el capítulo de Justicia y Derechos Humanos, se observaron recortes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (35%), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (57%), la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (73%), el Consejo de la Magistratura (15%) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (35%). La Corte Suprema de Justicia de la Nación registró una baja del 11%. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ahora bajo el programa Atención y Desarrollo de Asuntos Indígenas, mostró un descenso del 57%. En los sectores de transporte y obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad disminuyó un 84%, el Organismo Regulador de Aeropuertos un 61%, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte un 40% y la Agencia Nacional de Seguridad Vial un 44%. La Dirección Nacional de Migraciones también bajó un 6% y la Agencia de Administración de Bienes del Estado un 26%.
En el ámbito educativo, dos programas no registraron ejecuciones: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos reflejando una caída del 100%. Otros programas también experimentaron descensos: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (87%), Acciones de Formación Docente (89%) e Infraestructura y Equipamiento (97%). El Desarrollo de la Educación Superior cayó un 28%.
La actividad en obra pública y transporte se mostró en niveles muy bajos de ejecución. Proyectos como Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios sufrieron caídas del 100%. La Construcción de Túneles y Puentes Grandes retrocedió un 99,7%, el Desarrollo de Obra Pública un 98%, la Cuenca Matanza-Riachuelo un 96%, la Infraestructura Hidráulica un 87%, las Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación un 95%, y la Construcción de Rutas Seguras un 94%.
Las transferencias también se redujeron de manera notable. La cooperación y asistencia técnica a municipios disminuyó un 97%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios un 99%. La atención a entidades de la Secretaría de Obras Públicas cayó un 86% y la de la Secretaría de Transporte un 49%. La Asistencia Financiera a entidades de la Secretaría de Energía se redujo en un 88%. En este contexto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se redujo en un 100%, aunque el programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional aumentó un 23%.
Según el informe de IARAF, el gasto en intereses experimentó un aumento real interanual del 30% en mayo y del 52,5% en el acumulado anual, lo que mantuvo el gasto total prácticamente constante entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Sin embargo, en el acumulado parcial, la variación real fue positiva en un 0,5%. Solo tres de los once tipos de gasto tuvieron incrementos: activos financieros (+126%), transferencias a otras entidades del SPN (+22,3%) y jubilaciones y pensiones (+7%). En contraste, los gastos que más cayeron fueron las transferencias al exterior (-98,8%), las transferencias a provincias y municipios (-70%) y los servicios no personales (-45,2%).
Al evaluar los componentes más relevantes del gasto primario, IARAF señaló que en los primeros cinco meses del año, cuatro de los once tipos de gasto aumentaron en términos reales interanuales: activos financieros (+74,3%), otras transferencias al sector privado (+20,3%), bienes de consumo (+3,1%) y jubilaciones y pensiones (+2%). Por otro lado, las transferencias a provincias y municipios cayeron un 55,4%, los bienes de uso un 33,4% y las transferencias al exterior un 28,1%.
La reducción en las transferencias a provincias y municipios augura, y lo hará aún más en los próximos meses, una problemática que podría causar tensiones con el Gobierno. Aunque en mayo la recaudación de impuestos interrumpió una racha de caída de nueve meses y superó la inflación, este aumento se atribuyó en gran medida al Impuesto a las Ganancias impulsado por las mejores utilidades de las empresas y la base imponible de los trabajadores.
Este dato optimista puede revertirse debido a la misma recaudación impositiva. En julio, se deberán ajustar por inflación tanto el Mínimo No Imponible (MNI) como las deducciones del impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia. Con salarios que han aumentado por debajo de la inflación, es probable que muchos contribuyentes dejen de pagar este impuesto, que se distribuye entre las provincias.
En este contexto, el ministro de Economía, Caputo, confía en que la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal –para la cual enviará un proyecto al Congreso buscando corregir aspectos débiles– generen mayores ingresos para el Estado.
