Dentro del Ministerio de Defensa se habla de la mayor inversión en infraestructura militar desde la época de Carlos Menem. “Creció de manera exponencial”.

Entre todas las áreas del Estado, la que más dinero de las arcas públicas gastó en compra de bienes de capital en 2021 fue el Ministerio de Defensa: fueron $15.719 millones. Por sí solo, fue responsable del 24,3% del total que destinó a ese rubro el Gobierno. La información se desprende de un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los gastos de capital incluyen bienes durables cuyo uso se extiende en el tiempo. Están asociados comúnmente a las denominadas inversiones. Se diferencia en la contabilidad pública de los gastos corrientes, como el pago de salarios.

En comparación, superó el gasto que de los ministerios de Salud y Ambiente juntos. El primero invirtió $3.208 millones en, principalmente, equipos sanitarios y de laboratorio, mientras que la segunda cartera desembolsó $3.230 millones para maquinaria y equipos de producción para control ambiental.

El Ministerio de Defensa estuvo por encima, también, del Ministerio de Educación -segundo en el ránking-, que gastó $14.000 millones para la compra de computadoras portátiles, en el marco del Plan Federal Juana Manso.

El gasto en bienes de capital para la defensa fue equivalente, en el mismo año, a las transferencias hechas a la Ciudad de Buenos Aires ($1.844 millones), Tierra del Fuego ($2.095 millones), La Pampa ($2.170 millones), Santa Cruz ($2.366 millones), Jujuy ($3.114 millones) y Río Negro ($3.493 millones) juntas.

“Hay una firme decisión de avanzar en reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La necesidad era muy grande”, aseguraron desde la cartera de Jorge Taiana.

Son seis las jurisdicciones que realizaron compras: el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y el servicio logístico. La inversión tuvo un alto nivel de ejecución (98,3%) y creció 202,6% de un año a otro. Se debe, entre otras cosas, a la creación en octubre pasado del Fondo Nacional de la Defensa, que se hizo por ley.

El trámite parlamentario había comenzado en 2019, promovido por el exministro de Defensa Agustín Rossi cuando era diputado nacional por Santa Fe y parte de la oposición al gobierno de Mauricio Macri. Logró sancionarse en 2020, con la aprobación del Senado.

La ley establece un porcentaje mínimo y progresivo que el Gobierno debe desembolsar para “la recuperación, modernización y/o incorporación de material”, según la misma norma.

En 2020, la inversión debía ser del 0,35% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual. En 2021, subió al 0,5%. Este año, se ubicará en 0,65% y a partir de 2023, la suma quedará fija en 0,8%.

El año pasado, el Fondef se compuso de más de $34.000 millones. Casi $16.000 millones se invirtieron en compras de bienes de capital como misiles antiaéreos, buques de guerra, helicópteros, aviones, camiones y tanques, entre otros. Desde el Ministerio de Defensa mencionaron que el reparto fue equitativo entre las fuerzas debido al “estado de desinversión en el que se encontraban todas”.

De esta manera, superaron a cualquier otro ministerio. Se reactivó la compra de maquinaria para empresas dependientes de Defensa como la Fábrica Argentina de Aviones o Fabricaciones Militares. En el caso de la primera, Fadea, la Fuerza Aérea realizó un convenio interadministrativo para la producción y compra de seis aviones Pampa 3, que sirven para combate y un avión de entrenamiento IA100 Malvina. También se incorporaron 12 aviones Beechcraft hurón TC200, de origen estadounidense. Ya llegaron dos al país.

Además, se efectuaron adquisiciones de repuestos y partes al exterior. En puntual, se importaron kits para la refacción de los helicópteros de guerra Hércules.

En relación con la Armada, se adquirieron cuatro patrulleros oceánicos OPV a Francia, para el monitoreo de la franja del mar argentino, hasta la milla 200. Tres ya fueron despachados y se prevé la llegada del cuarto para abril. Se retomó la fabricación de una lancha SWAT, para hacer medidas oceanográficas. Con el astillero Tandanor, nacional, se firmó un contrato plurianual para la construcción de 12 remolcadores, siete de 40 toneladas y cinco de 10 toneladas. Son los que se utilizan para ingresar a puerto buques destructores. Adicionalmente, se compraron a Estados Unidos dos helicópteros Sea King, dedicados a las campañas antárticas.

El Ejército, menos capital intensivo, reactivó un convenio con Israel para la modernización de los tanques argentinos medianos (TAM). Se adquirieron 36 misiles antiaéreos a la empresa sueca SAP. Se repartirán equitativamente entre las tres fuerzas armadas. La compra incluye un proceso de equipamiento y capacitación con simuladores, necesario para que los miembros sepan operarlos. Se adquirieron camiones de campaña, de guarnición, sistemas de comunicación y radares, abocados al monitoreo de las fronteras del territorio. Estos últimos son fabricados por el INVAP, una sociedad del estado de Río Negro.

“Se trató de ver la capacidad de las fuerzas en desuso”, aseguraron. “El Ejército, de momento, tiene en su poder 800 Jeeps del año 80, de las cuales funcionan apenas unas pocas. En la guarnición de San Lorenzo, Santa Fe, se construirá una planta para la recuperación de esos vehículos a un ritmo anual de 80-100″. Para este desarrollo, el Estado está comprando maquinaria y repuestos.

Fuentes del sector destacaron que buscan que más civiles se entusiasmen con la idea de incorporarse a las Fuerzas debido a que tendrán la posibilidad de utilizar equipamiento actualizado para su entrenamiento y “sentirse seguros”. Por último, mencionaron que una de las prioridades de defensa es la presencia en el continente blanco. El astillero Tandanor está fabricando un pontón rompehielos para poder trasladas camiones hasta la Antártida.

Por ley, el 31 de marzo deberán enviar los proyectos para el 2022 al Congreso, para su revisión. Se mantendrán reuniones con los integrantes de las comisiones de defensa y seguridad en donde se evaluará el estado de ejecución y los informes solicitados.

Además de un convenio para el entrenamiento de oficiales argentinos en la Federación Rusa, el Gobierno estuvo en tratativas con el Kremlin para adquirir 12 aviones caza MIG-35, que serían destinados a la Fuerza Aérea además de la instalación en la Argentina de un centro para garantizar el mantenimiento de la aeronave y el entrenamiento de los pilotos. Putin también ofreció dos helicópteros MI 171, como los que se compraron en 2010.

“Desde la sanción de la ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) en 2020, el equipamiento es contundente. Con la gestión de Macri se perdió la capacidad submarina con una tragedia. Va a llevar tiempo superarlo. El ministro Taiana tiene la decisión de tener capacidad supersónica en los aviones. Y Argentina está evaluando distintas propuestas que llegaron desde China, Rusia, la India, y está llegando una desde Estados Unidos. Falta probar los aviones, verlos, etc. Queremos recuperar esa capacidad”, dijo Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacional para la Defensa y primo del Canciller, Santiago Cafiero, al Diarioar.