Sin herramientas para evitar que las organizaciones sociales oficialistas y la CGT salgan a la calle para manifestarse ante la crisis económica y política, en el gobierno de Alberto Fernández admiten que no pueden contener los reclamos de sus aliados y se contentan con tener la situación “controlada”. Esa intención será puesta a prueba este mes, cuando ambos colectivos tienen previsto manifestarse en todo el país.

Este miércoles será el turno de las organizaciones sociales oficialistas y la CTA, que se movilizarán en el marco de un plan de lucha para demandar la creación de un salario básico universal y un “aumento de emergencia para los trabajadores”. En tanto que para el 17 de agosto se espera la marcha de la CGT, que irá desde el Obelisco hasta el Congreso, para protestar “contra la inflación” y “los formadores de precios”.

“El control de la calle está garantizado, no va a haber lío”, aseguran desde el Poder Ejecutivo, aunque admiten que, hoy por hoy, “la situación está más delicada políticamente” que antes de la salida del exministro de Economía Martín Guzmán. Pero aún así se muestran seguros de evitar desbordes. “La plata y los alimentos están, eso está garantizado. Somos conscientes de que la asistencia no alcanza por la inflación, pero la llegada está asegurada y no es poco”, agregan. En esa línea, consideran la salida a la calle de las organizaciones tiene que ver con una demostración o un “mensaje” hacia sus bases.

Todo se da sobre un telón de fondo en el que la mayoría de los consultados, en las distintas terminales del oficialismo, coincide en que parte de lo que está sucediendo tiene que ver con “la debilidad política” en la que quedó sumido el Presidente tras la avanzada del kirchnerismo duro, con Cristina Kirchner a la cabeza.

A ese contexto se agrega el acercamiento de Juan Grabois a los dirigentes opositores de la Unidad Piquetera, como se vio en las asambleas de la semana pasada. En el Gobierno se dividen las miradas sobre el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Por un lado, están los que minimizan “su impacto en el territorio” y creen que su mayor activo está en el “poder de fuego” en los medios. Por el otro lado, no son pocos los que siguen a Grabois con atención porque creen que sus declaraciones “condensan” parte del pensamiento de la vicepresidenta. El dirigente es crítico de Fernández, a quien esta semana acusó, entre otras cosas, de vivir “en un termo”.

Ante el pico de tensión e incertidumbre, el Gobierno intenta apaciguar las miradas más alarmistas y se aferra la tarea de trazar distinciones y leer entrelíneas las protestas de sus aliados. Por ejemplo, frente a las protestas que los piqueteros de izquierda llevaron el jueves pasado a la Plaza de Mayo, mientras las organizaciones oficialistas montaban una “feria popular” en el Congreso, eligen señalar que la convocatoria no fue mayor a la de otras oportunidades y apuntan a que fue más una “respuesta” a los dichos iniciales de la ministra de Economía, Silvina Batakis. “En su primer discurso mostró que se sentaba sobre las cajas y eso generó un susto que provocó una reacción inmediata”, detallan. E insisten en que no se trata de una “pérdida del control de la calle”.

De cara a la anunciada movilización de la CGT, en los pasillos de la Casa Rosada aseguran que “no es contra el Gobierno”, sino “contra la inflación” y que entre las tribus de la central obrera confluyen distintos impulsos. “Es un mensaje que apunta a actores variados: el mercado, los empresarios e industriales y los formadores de precios”, apunta un funcionario cercano al Presidente, en un intento por relativizar la carga simbólica que implica una movilización de la CGT en un gobierno peronista. “Ellos negociaron paritarias por 60%: ante sus bases no pueden tomar la decisión de no salir, si hoy la inflación ya está por encima del 80%”, se sinceró uno de los consultados.

“Entendemos todos los reclamos, pero podemos estar tranquilos porque acá nadie va a romper con nadie. Hay un entendimiento mutuo”. Parte de ese “entendimiento mutuo”, aseguran en el Poder Ejecutivo, tiene que ver con que “los movimientos no pueden eludir marchar y el Gobierno no puede evitar que marchen”.

Un importante funcionario eligió representar como un flujo las tensiones que enfrenta Fernández. “Cuando tenés corta la capacidad de respuesta, tenés que tener conducido y canalizado el reclamo. Si el Gobierno no desagota parte del reclamo en organizaciones afines y la CGT, de manera de poder conducir ese malestar, se te va por izquierda tomado por los troskos. Ergo, mientras no tenés respuesta tenés que dejar que el agua fluya en un canal que tiene limites que vos controles”.

“Lo social está ordenado, lo que desordena es la política”, se sinceró otro de los consultados. Pese a los indicadores de alerta que ya comenzaron a surgir en el horizonte, insistió en que la economía está dando señales positivas, pero que se pierden dentro del laberinto de la interna. “Lo que falta para ordenar es la política, es la interna. No hay confianza y la política debería conducir la economía”, concluyó.