La reunión tuvo lugar el jueves en Santiago de Chile y contó con la presencia del canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes representaron al Gobierno argentino. El encuentro, convocado por las autoridades chilenas, reunió a funcionarios de los departamentos de relaciones exteriores y seguridad de los cinco países participantes.
El documento establece la urgencia de implementar una respuesta regional «amplia y articulada» contra las redes criminales transnacionales, a través de un enfoque coordinado en múltiples niveles, desde el político hasta el operativo. Asimismo, el acuerdo abre la posibilidad de que otros Estados se adhieran al proceso.
Entre los acuerdos centrales se destaca la creación de un Grupo de Trabajo, conformado por representantes de las áreas competentes de cada nación, cuyo objetivo será desarrollar un Plan de Acción Conjunto orientado a combatir la delincuencia organizada transnacional.
Este grupo estará encargado de promover acciones concretas que aseguren resultados medibles y verificables, respetando la legislación y las capacidades institucionales de cada país. De acuerdo con el texto, la primera reunión técnica del grupo deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a 90 días tras la firma del compromiso.
Asimismo, se establece que, dentro de los 180 días, las cancillerías, ministerios de seguridad y organismos técnicos involucrados se reunirán nuevamente para evaluar el progreso y las medidas adoptadas a partir del acuerdo.
El compromiso hace referencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, así como a otros mecanismos regionales e internacionales diseñados para fomentar la cooperación en este ámbito.
La iniciativa está orientada a potenciar la colaboración en áreas críticas como la coordinación fronteriza, el intercambio de información, el rastreo de flujos financieros ilícitos y el fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta.
El documento también enfatiza la importancia de evitar la duplicación de esfuerzos entre iniciativas ya implementadas y de consolidar los esfuerzos con estructuras como el MERCOSUR y la Comunidad Andina.
Al mismo tiempo, se resalta la necesidad de reforzar políticas de integridad institucional, transparencia y prevención de la corrupción asociada al crimen organizado. Para los países signatarios, el fenómeno requiere no solo acciones operativas y de control, sino también estrategias integrales de prevención y fortalecimiento del estado.
El compromiso ha sido presentado como un primer paso hacia una mayor coordinación regional en la lucha contra crímenes que trascienden fronteras, entre los que se incluyen el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.
