Adicionalmente, se abordarán las cuestiones relacionadas con la lentitud en la actividad judicial, provocada por un paro gremial, sobre el cual no se había solicitado, hasta esta semana, la implementación de la conciliación obligatoria.
La información se deriva de las actas del Acuerdo Extraordinario firmado por ocho de los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia, que se reunieron por primera vez anteayer, tras la aprobación por parte de la Corte Suprema de la ley que amplió el cuerpo de cinco a nueve miembros.
Con la mayoría asegurada gracias a estas nuevas designaciones, se votó a Gabriel Nolasco Contreras Agüero como presidente y se avanzó en la presentación de una detallada solicitud de informes dentro del propio Poder Judicial.
El análisis requerido deberá incluir un desglose de los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto Provincial, así como la ejecución del presupuesto, recursos propios, y otros egresos, junto a las obligaciones existentes y devengadas.
El informe, que debe ser entregado por el administrador general del Poder Judicial, el contador Fernando Ortiz de Zárate, también deberá contener un desglose de la masa salarial de magistrados, funcionarios, personal superior y demás empleados del Poder Judicial; el costo mensual en concepto de tributos y servicios, tanto a nivel global como en cada una de las reparticiones, incluyendo obras, equipamiento informático, contratos vigentes y sus respectivos costos. Asimismo, se requerirá un informe completo sobre el parque automotor y las dependencias a las que han sido asignadas las unidades. También deberá aportar información detallada sobre “licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y contrataciones directas, celebradas durante los ejercicios 2025 y 2026”.
Este último aspecto es crucial, ya que el 12 de enero, en plena feria judicial, el Tribunal aprobó un aumento salarial que rondará el 50%, escalonado hasta octubre, un porcentaje que supera con creces las proyecciones de inflación anual previstas en los acuerdos paritarios. Con este aumento, el salario de un vocal del Tribunal Superior podría alcanzar entre 20 y 24 millones de pesos, dependiendo de la antigüedad.
En un contexto de descenso pronunciado de los ingresos a las arcas provinciales, y cuando en ese momento los empleados estatales no habían recibido aumentos salariales, la decisión económica de los jueces ha intensificado el conflicto con el Poder Ejecutivo, que enfrenta dificultades para financiar estos nuevos montos salariales.
Fuentes oficiales del gobierno confirmaron que al Poder Judicial solo se le ha enviado lo que estaba presupuestado según lo aprobado por la Legislatura, siendo el pedido de incremento de sueldos posterior a esto.
