La denuncia, presentada por la Sociedad Rural de Baradero, evidencia la controversia asociada a la tasa vial y pone de relieve las tensiones existentes entre los municipios y los productores en torno a la legitimidad del cobro y al uso de los recursos. Pablo Roller, vice presidente de la Sociedad Rural de Baradero, comentó que la red vial actúa como un «servicio público esencial», y enfatizó que la falta de mantenimiento afecta la movilidad, el acceso a la educación y la seguridad de quienes residen en zonas rurales.
Los productores también revelaron que, de los 600 kilómetros de la red vial rural en el distrito, menos de 200 han recibido mantenimiento o reparación en los últimos siete años.
En la presentación judicial, Roller indicó que fue gracias a un recurso de amparo presentado en junio de 2025 que lograron obtener información oficial que confirma el desvío de fondos. Según su análisis, en los últimos tres años y medio, solo se asignó hasta un 40% de lo recaudado por la red vial a su propósito original.
Roller destacó que, en experiencias previas, un 25% de la recaudación del tributo había sido suficiente para no solo mantener, sino también mejorar la infraestructura vial, mediante obras como cambios de alcantarillas y alteos. En este sentido, subrayó que el asunto no solo afecta al ámbito productivo, sino que impacta en la vida diaria de los habitantes: «Los chicos no pueden ir al colegio, si hay un problema de salud no puedes salir del campo, y si enfrentás una situación de seguridad grave, la policía tampoco puede llegar».
Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, emitido en abril, había exigido al municipio de Baradero, liderado actualmente por Esteban Sanzio, que informes sobre el destino de los fondos provenientes de la tasa vial, que anualmente ascienden a $1.000 millones, según detalla el expediente. Además, como se menciona en el fallo de los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, el municipio había negado la información solicitada inicialmente por la Sociedad Rural, lo que llevó a los productores a recurrir a instancias judiciales para obtener respuestas.
Este reclamo toca una problemática estructural más amplia. La red vial rural de Baradero se extiende por 600 kilómetros, y «en los últimos siete años, no se han reparado ni mantenido siquiera 200 kilómetros», afirmó Pablo Roller en sus declaraciones. En este contexto, destacó que, más allá de la tasa vial, el municipio también recibe ingresos de la provincia de Buenos Aires provenientes del impuesto inmobiliario rural, lo que agrava la situación.
