Kicillof expresa su descontento ante la reducción del proyecto que daba libertad presupuestaria a los intendentes

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires se verán obligados a restringir el uso de un fondo resultante del endeudamiento gestionado por el gobernador Axel Kicillof. Solo podrán destinar el 30% de esos recursos a obras y programas del Ministerio de Transporte o del Instituto Cultural. En consecuencia, el plan que buscaba que tuvieran la capacidad de disponer del 100% de esos fondos según su criterio ha fracasado.

Este jueves, tras numerosas idas y vueltas, la Cámara de Diputados prácticamente dio por cerrado el tema al posponer, por segundo día consecutivo, la reunión de la comisión de Presupuesto que se encargaría de analizar la solicitud de los jefes comunales.

Desde el Ejecutivo consideran que estas maniobras reflejan una estrategia de un sector del peronismo en alianza con la oposición para intervenir en el manejo de los fondos. Los proyectos promovidos otorgaban a una comisión bicameral la autoridad para aprobar los pagos, mientras que desde la UCR y el PRO critican al gobierno de Kicillof por no cumplir sus compromisos previos. Al mismo tiempo, se preparan para interpelar al titular de IOMA, Homero Giles, en una sesión especial programada para el próximo lunes, en respuesta a las repetidas críticas sobre su gestión al frente de la obra social provincial.

Finalmente, la comisión de Presupuesto que se iba a reunir este jueves volvió a suspender su encuentro, replicando lo sucedido el miércoles. En la agenda había un único tema: un proyecto de ley del diputado del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, que proponía modificar la ley de endeudamiento aprobada a fin de año en ambas cámaras y otorgaba a la mencionada comisión bicameral la facultad de intervenir en el pago de los fondos destinados a los municipios. Este cambio permitiría a los intendentes disponer libremente de los recursos, cumpliendo así una solicitud que han formalizado desde hace meses.

A lo largo de este tiempo, han surgido diversas iniciativas legislativas en este sentido. Además del proyecto de Garciarena, otro bloque del radicalismo presentó una propuesta, al igual que el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. Según fuentes, Fuerza Patria también estaba trabajando en un anteproyecto en caso de ser necesario.

La multiplicación de estas iniciativas fue utilizada como argumento para que la comisión no se reuniera el miércoles. “Debemos consensuar un proyecto unificado”, sugirió un legislador oficialista. Este jueves, al no llevarse a cabo la reunión, desde las autoridades de la comisión se alegó que 113 distritos ya habían iniciado el proceso administrativo para destinar el 30% de esos fondos, los cuales no son de libre disponibilidad, a la ejecución de obras, mientras que otros dos lo emplearán en programas del Instituto Cultural.

El conflicto radica en la gestión de la comisión bicameral propuesta en el proyecto de endeudamiento. La oposición señala que el Ejecutivo “ni siquiera planteaba la creación de una bicameral para controlar la deuda, ni establecer cómo se repartirían los fondos a los municipios”, según indicó un diputado del PRO.

El Ejecutivo observa los movimientos legislativos y vuelve a centrar la atención en sus aliados del peronismo, además de la reacción predecible de la oposición. “No tenemos inconvenientes en que los fondos sean de libre disponibilidad, pero deberán tratarlo porque los intendentes están esperando”, apuntan cerca de Kicillof. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había señalado que la distribución de los fondos en disputa debería realizarse de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Ante esta postura, la oposición recalca que “Kicillof no respeta los acuerdos”, ya que “lo que estamos debatiendo ahora se trató cuando definimos el endeudamiento”. Un integrante de la comisión de Presupuesto de la oposición corroboró esto, añadiendo: “Acordamos que así fuera. En ese momento, por la interna del peronismo, se decidió que el 30% de los fondos se destinara a través de los ministerios”. Argumentan que si se van a rediscutir los términos, es necesario debatir todos los proyectos existentes.

Desde el PRO, su propia propuesta aboga por la libre disponibilidad a través del CUD, en base a los ingresos de los distritos y con la autorización de la comisión bicameral. Un diputado de esta fuerza concluyó: “Esto es culpa del gobernador. Es para dilatar el pago”. Se espera que al 31 de agosto se ejecute la segunda transferencia estipulada de hasta $50 mil millones.

En otro orden, el próximo lunes se ha convocado a una sesión especial en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a instancias de la oposición. El propósito es discutir proyectos de ley relacionados con la funcionalidad de IOMA. Los bloques de La Libertad Avanza, los dos de la UCR, el PRO, Espacio Abierto-Hechos, Coalición Cívica y Unión y Libertad habían solicitado esta sesión especial el 1 de junio, obteniendo las firmas necesarias. Ahora deberán reunir el quórum necesario de al menos 47 diputados.

Existen varios proyectos referidos al desempeño de la obra social del Estado provincial, que van desde pedidos de informes sobre las deudas con los municipios, una propuesta para crear una comisión bicameral para supervisar el funcionamiento de IOMA, hasta la solicitud de interpelación a su presidente, Homero Giles, entre otras iniciativas.

La reunión, de concretarse, está programada para el lunes a las 13 horas. No obstante, existe la posibilidad de que esta sesión se suspenda. Según información obtenida, se están llevando a cabo negociaciones para que Giles asista a un encuentro de carácter informativo con algunos representantes de los bloques, lo que llevaría a la anulación de la sesión donde la oposición prevé reunir el número necesario para aprobar sus proyectos.

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