La convocatoria, firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, fue promovida por el diputado Germán Martínez de Unión por la Patria, Esteban Paulón del socialismo y un amplio espectro opositor.
El orden del día incluye solicitudes de informes verbales sobre supuestas irregularidades en la gestión de bienes estatales y la utilización de fondos públicos, además de propuestas de interpelación dirigidas a discutir la moción de censura. Este mecanismo, contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, permite al Congreso remover al jefe de Gabinete siempre que se cuente con la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Desde la instauración de esta figura, no ha sido utilizada hasta la fecha.
La oposición que ha firmado el pedido suma aproximadamente 120 diputados, quedando a nueve del quórum de 129 requerido para abrir la sesión. La diferencia radica en que al menos una parte del PRO, la UCR o Innovación Federal se sumen con sus votos. “Estamos cerca, pero por ahora no contamos con el número. Necesitamos seguir conversando”, admitió un integrante de la oposición de manera resignada.
La crisis se desencadenó debido a la declaración jurada de patrimonio que Adorni presentó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción, donde incluyó activos que no figuraban en entregas anteriores. Entre estos bienes se encuentran USD 300.000 provenientes de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, una propiedad en el country Golf Club Indio Cuá, préstamos privados y tenencias en divisas extranjeras. Además, el contratista Matías Tabar declaró haber recibido USD 245.000 en efectivo por trabajos en una propiedad de Adorni que incluyeron la construcción de una piscina con cascada.
Las contradicciones entre las declaraciones públicas del funcionario y las correcciones posteriores intensificaron el conflicto. El 29 de abril, durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Adorni aseguró que sus declaraciones juradas no contenían irregularidades: «Nunca existió ocultación alguna», afirmó ante los legisladores. No obstante, semanas después admitió en televisión que junto a su esposa habían acumulado más de medio millón de dólares en ahorros no declarados durante 2023 y 2024, justificando la omisión con la frase: ”ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos“.
Tal afirmación generó reacciones adversas incluso entre miembros del oficialismo. El PRO emitió un comunicado en el que describió las omisiones de Adorni como “una falta grave” y argumentó que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”. Por su parte, la Unión Cívica Radical calificó las declaraciones del jefe de Gabinete como “incompatibles con la ejemplaridad” requerida para el cargo, afirmando que “quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de guiar el Estado”.
Sin embargo, estas manifestaciones podrían no traducirse en apoyo durante la votación, ya que varios miembros de la oposición tienen dudas sobre si los bloques del PRO y de la UCR acudirán a dar quórum. “Lo mismo de siempre, argumentan que la sesión es solicitada por el peronismo, pero en realidad están a la espera de lo que decida el Senado”, explicó un diputado opositor en diálogo con ambos bloques.
El diputado radical Pablo Juliano, de la bancada Provincias Unidas, presentó uno de los proyectos de moción de censura con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la Izquierda y otros espacios. Entre los firmantes se encuentran Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau y Myriam Bregman. También se unió el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del bloque alineado con el gobernador Martín Llaryora, cuya relación con la Casa Rosada atraviesa un momento complicado.
Si la oposición logra reunir a los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, se llevará a cabo un segundo debate respecto al procedimiento de la interpelación. Ninguno de los seis proyectos cuenta con dictamen de comisión, por lo que se solicitará alcanzar los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas. Sin embargo, esto resulta por el momento inviable para cualquier sector, lo que lleva al oficialismo a intentar obstaculizar el debate.
La oposición considera que podrían votar los proyectos directamente y establecer una fecha para la interpelación, amparándose en el artículo 101 de la Constitución, que se relaciona con las atribuciones del Jefe de Gabinete y no con la creación de normas. En caso de no lograr un acuerdo en este punto, deberán solicitar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento —ambas bajo el control de La Libertad Avanza— que dictaminen sobre los proyectos.
