Espert afirmó que «durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambio e inflación alta ha llevado a los argentinos a la informalidad», describiendo la norma como la «segunda etapa del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos». También subrayó: «No son los argentinos los que están en falta con el Estado. Es el Estado el que ha incumplido durante décadas con millones de argentinos».
El legislador explicó que la ley propone un «cambio de régimen en materia tributaria», asegurando que «vamos a abandonar el régimen persecutorio. Ahora será un régimen donde todos somos inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario». El objetivo, según Espert, es «blindar al ciudadano que ahorró de los descalabros de la casta política».
Por su parte, Juan Pazo ofreció detalles técnicos sobre el proyecto, que se fundamentará en dos esquemas: uno relacionado con un cambio de paradigma en el régimen general, y otro que busca blindar el nuevo régimen simplificado de Ganancias.
Pazo indicó que «hasta hoy, en Argentina, podías ser investigado como evasor simple por diferencias de un millón y medio de pesos, algo ridículo». Con la nueva ley, los umbrales de investigación se incrementarán significativamente, lo que se traducirá en una reducción considerable de causas penales en curso. «De unas 7,000 causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, solamente quedarán aproximadamente 200», precisó. También anticipó modificaciones en los plazos de prescripción: «Se reducirá de 5 a 3 años siempre que los ciudadanos o empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma».
Asimismo, subrayó que «quien incumple y reciba una notificación podrá resolver su situación pagando lo que debe. Los problemas impositivos se resuelven a bajo costo». En cuanto al régimen simplificado, explicó que los que se adhieran solo pagarán impuesto a las ganancias «por la facturación, independientemente de su variación patrimonial».
Pazo puso un ejemplo: «Si, en un ejercicio fiscal, una persona compra cinco departamentos, ARCA solo cobrará impuestos sobre lo que haya facturado, menos los consumos deducibles». Según él, esta modalidad busca asegurar «que ningún gobierno futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada». También agregó: «Gracias a esta ley, las amenazas del partido del Estado quedarán en el pasado».
El funcionario enfatizó que el nuevo régimen de regularización fiscal «no tiene un objetivo cuantitativo en términos de dólares», sino que su misión es ofrecer una herramienta permanente que permita a cualquier argentino «usar sus ahorros con libertad, sin tener que esconderlos ni simular consumos».
Al ser consultado sobre quiénes podrán adherirse al nuevo esquema, aclaró que tanto monotributistas como responsables inscriptos y asalariados en relación de dependencia podrán sumarse, siempre que también realicen actividades complementarias fuera de su trabajo formal. Pazo destacó que el objetivo fundamental del nuevo régimen es «reducir los incentivos a la informalidad», combinando alivios en Ganancias con un acceso simplificado al blanqueo de capitales. Sin embargo, no quiso especificar cifras sobre el volumen de divisas que se espera ingresar con esta medida.
Al ser interrogado sobre posibles cambios en la estructura de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para fortalecer los incentivos, Pazo fue claro: «No estamos planteando una modificación adicional en Ganancias. Lo que hemos presentado es lo que consideramos necesario para iniciar un cambio en la matriz impositiva. Nuestro enfoque es simplificar y otorgar previsibilidad, no implementar parches».
Además, indicó que la estrategia oficial busca coordinar esfuerzos con las provincias para que respalden esta iniciativa, aunque admitió que no todas tienen la misma disposición.
Espert, en ese momento, se dirigió directamente al gobernador Axel Kicillof, acusándolo de seguir una «lógica soviética» que obstaculiza el avance hacia un sistema impositivo más razonable. «La provincia de Buenos Aires sigue creyendo que puede perseguir a los ciudadanos por cómo gastan su dinero. Pero eso se ha terminado», aseguró.
Pazo también confirmó que ARCA no compartirá con la Agencia de Recaudación Bonaerense información sobre los consumos y facturación de los contribuyentes que se adhieran al nuevo régimen, lo que, en la práctica, evitará que Kicillof use esa información para fines fiscales.
La conferencia concluyó en un tono político. Espert sostuvo que el gobernador «ha entregado la provincia a la delincuencia» y que su política fiscal castiga a quienes producen y premia a quienes destruyen valor.
Defendió el rumbo del gobierno nacional en política tributaria e instó a las provincias a unirse a este esfuerzo: «Esto no es una discusión ideológica. Se trata de sacar a Argentina del pozo de la decadencia, y eso solo se logra con libertad económica, reglas claras y menos impuestos confiscatorios».
El anuncio del plan para recuperar los «dólares del colchón» comenzó de manera entusiasta, pero luego enfrentó un vacío debido a la falta de aceptación por parte de otros distritos, como la provincia de Buenos Aires.
A su vez, los tributaristas aconsejaron a los contribuyentes interesados que no se inscriban hasta que se aclaren ciertas reglas, incluyendo algunas disposiciones más recientes de la UIF.
El Gobierno aceleró el proceso entre miércoles y jueves, con las nuevas disposiciones de la UIF y el avance de los proyectos de ley.
