Las críticas más destacadas se centraban en que el proyecto inicial consideraba como agravantes las denuncias en casos de violencia de género, así como aquellos que involucraban a menores de edad o a la integridad sexual. Diferentes organizaciones de la sociedad civil alertaron que estos elementos podrían desalentar a las mujeres a presentar denuncias de violencia.
El Código Penal ya contempla la figura de la falsa denuncia, sancionando con penas de prisión de dos meses a un año, o con multas que oscilan entre setecientos cincuenta y doce mil quinientos pesos para quienes realicen una acusación falsa ante la autoridad.
La versión original del proyecto proponía aumentar la sanción de uno a tres años de prisión, además de incrementar la pena en el caso de denuncias falsas relacionadas con violencia de género o ataques a menores, elevando el castigo a entre tres y seis años de cárcel.
La nueva redacción presenta una estructura más general, manteniendo el rango de penas de uno a tres años, y añade una multa obligatoria equivalente a 75 salarios mínimos. En cuanto a los agravantes, se enfatiza la gravedad de los delitos dolosos y aquellos que tengan como víctimas a menores o personas en situación de vulnerabilidad, para quienes la pena oscilaría entre dos a cinco años de prisión.
Si la denuncia falsa resulta en una detención o en restricciones de derechos, la pena podría ser de tres a seis años de prisión, según se indica en el texto modificado.
Respecto al falso testimonio, el Código Penal prevé sanciones de un mes a cuatro años de prisión, y de uno a diez años si ocurre en un proceso penal que afecte al imputado. La propuesta original de Losada contemplaba un aumento de esta pena a entre uno y cuatro años en general, y de dos a ocho años en el contexto de una causa penal. También se preveía un incremento adicional del 33% en los casos que involucraran violencia de género o delitos contra menores.
La nueva versión del proyecto mantiene el aumento propuesto para el falso testimonio e incorpora un apartado que incluye penas de tres a diez años de prisión en causas criminales por delitos dolosos graves, especialmente cuando las víctimas sean menores o vulnerables y si resultan en la detención del acusado.
Carolina Losada expresó que los cambios realizados no solo perfeccionan el proyecto, sino que también establecen escalas más precisas en las penalizaciones. Añadió que por primera vez se precisan agravantes como la afectación del patrimonio, la ruptura de vínculos, y la privación de libertad como resultado de una denuncia falsa intencionada.
Por su parte, organizaciones de género que habían manifestado su oposición al texto están analizando la nueva versión, aunque ya anticipan su rechazo, señalando que estos retoques podrían llevar a interpretaciones más arbitrarias de la ley. Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) destacaron que la inclusión de términos como «delitos dolosos graves» o «personas vulnerables» sin una definición clara genera riesgo por su ambigüedad.
