Este proceso administrativo, delineado en la Ley 27.573 y su reglamentación, culminó con un dictamen que determinó que no se había podido establecer un vínculo causal entre la vacuna recibida y el síndrome de Guillain-Barré que Ochoa alegó haber padecido.
Este rechazo se posiciona como uno de los elementos principales de la acción judicial que promueve Ochoa, quien argumenta que la resolución administrativa no evaluó de manera adecuada la documentación médica proporcionada y solicita que la Justicia revise su caso.
El camino judicial comenzó en marzo de 2023, cuando la mujer presentó un reclamo administrativo para acceder al mecanismo de reparación establecido por la Ley 27.573, norma que fue implementada durante la pandemia y busca indemnizar a aquellas personas que demuestren haber sufrido daños físicos como resultado de la vacunación contra el Covid-19.
En su demanda, Ochoa incluyó la documentación médica que había reunido para ese momento, que comprendía certificados de neurólogos, su historia clínica, constancias de internación, un dictamen sobre su incapacidad laboral, la denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), su carnet de vacunación y otros antecedentes médicos que se incorporaron posteriormente al expediente judicial.
No obstante, el resultado del procedimiento administrativo no fue el esperado por Ochoa. Según la demanda, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyó que «en la actualidad no se ha podido establecer un nexo de causalidad entre la vacuna contra el Covid-19 suministrada y el presunto efecto adverso denunciado».
La actora refuta esta conclusión, al señalar que el expediente no tomó adecuadamente en consideración los informes médicos incluidos en su reclamo, incluyendo los certificados de especialistas que documentan el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré y su evolución clínica posterior.
En una declaración, Ochoa indicó que la negativa del organismo fue lo que la llevó a acudir a la Justicia. «Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada», sostuvo.
La acción judicial de Ochoa no solo busca una indemnización, sino que también impugna diversos aspectos del régimen establecido por la Ley 27.573 en cuanto a la reparación de quienes afirman haber sufrido complicaciones relacionadas con la vacunación contra el Covid-19.
Entre otros puntos, la demanda argumenta que el proceso administrativo limita el acceso a una reparación integral y solicita que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley y su reglamentación. Adicionalmente, plantea subsidiariamente el reconocimiento del fondo de reparación previsto para los casos que logren demostrar daños derivados de la vacunación.
La demanda también interpela a AstraZeneca S.A. y al Estado nacional, argumentando que ambas partes deben responder civilmente por los daños que se atribuyen a la situación denunciada. Estos puntos son parte de las demandas de la actora y serán analizados durante el proceso judicial.
Con la presentación de la demanda se ha abierto una nueva instancia, donde será la Justicia quien deberá valorar la prueba documental, la evidencia médica, las pericias y los argumentos de ambas partes antes de decidir si corresponde hacer lugar al reclamo indemnizatorio.
Se han reiterado solicitudes de comentarios a AstraZeneca, al Ministerio de Salud y a la ANMAT respecto a su postura sobre el caso y el funcionamiento del procedimiento previsto por la Ley 27.573, pero hasta el momento no se han recibido respuestas.
