Crisis en obras sociales: más de un millón de afiliados perdidos desde 2023 y mayor presión sobre el sistema de salud público

La reducción de empleos privados registrados ha llevado a que las coberturas de obras sociales nacionales disminuyan en 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, de acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de Servicios de Salud, relevada por el Instituto Argentina Grande (IAG). Durante el primer trimestre de 2026, se observó que más de 1,2 millones de personas se incorporaron al sistema público de salud en relación al año anterior, destacándose que los jóvenes de entre 15 y 29 años son los más afectados, con un 49,9% dependiendo únicamente de este sistema.

Entre las principales obras sociales, solo OSDEPYM, destinada a los monotributistas, logró un crecimiento, gracias al aumento en este segmento laboral. En contraste, la mayoría de las demás entidades enfrentaron caídas significativas. OSECAC, asociada a los trabajadores del Comercio, reportó una disminución del 20,2% en la cantidad de afiliados desde noviembre de 2023. Por su parte, OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, sufrió una reducción del 15,9%, y OSPCN, que atiende a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus beneficiarios.

Asimismo, OSPeCon, vinculada al sector de la construcción, experimentó una caída del 25,4%, mientras que OSPe, representante de trabajadores petroleros, vio una disminución del 5,1%. Estos descensos se enmarcan en sectores que han soportado importantes pérdidas de empleo registrado, excepto en el ámbito rural. Desde noviembre de 2023, el sector de la construcción perdió un 13,8% de su fuerza laboral hasta abril de este año, equivalente a 60.646 puestos, con el Comercio perdiendo un 0,8% (9.413 empleos) y el sector petrolero un 8,8% (8.282 empleos). Los trabajadores estatales también enfrentaron un descenso del 2,1%, lo que se traduce en 73.052 empleos menos.

Contrariamente, OSDEPYM logró aumentar su número de afiliados en un 154% durante el mismo período, mientras que la cantidad de inscriptos creció un 7,4%. En total, se perdieron más de 235.000 empleos privados asignados, así como otros 73.000 del sector público, lo que no solo afecta a los trabajadores, sino que también repercute en sus familias.

Esta situación se ve complicadas por un incremento significativo en los costos de las prepagas, que, tras la desregulación, experimentaron un aumento del 460% en sus cuotas, en comparación con una inflación acumulada del 320% en el mismo lapso. Esta realidad ha resultado en una disminución de la población que cuenta con algún tipo de cobertura privada.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares revelan que en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas sin acceso a prepaga, obra social o mutual, cifra que ascendió a 10.674.416 en el primer trimestre de 2026. Esto significa que 1.246.285 personas más carecían de cobertura privada, aumentando la proporción de la población sin ella del 32% al 35,6%.

La pérdida de cobertura privada acarrea una mayor presión sobre los hospitales y centros de salud públicos, los cuales ya enfrentan serias limitaciones de recursos. Se estima que, en el último trimestre evaluado, 231.141 personas comenzaron a depender del sistema público de salud.

La situación es más grave entre la población joven de 15 a 29 años. En este grupo, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual, dependiendo exclusivamente del sistema público, al incrementarse en 438.790 jóvenes desde el cuarto trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 15,3%, siendo este el mayor crecimiento relativo entre los diferentes grupos etarios analizados.

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