Los afiliados enfrentan la pérdida de cobertura, la reducción de opciones en las cartillas médicas debido a la salida de especialistas, interrupciones en el servicio por protestas, así como deudas y retrasos en la provisión de medicamentos de alto costo. Estas son solo algunas de las quejas y reclamos que a menudo terminan en el ámbito judicial, reflejando el agobio de los afiliados a IOMA, el Instituto de Obra Médico Asistencial. Este organismo tiene la responsabilidad de la cobertura médica de aproximadamente 650 mil empleados estatales en la Provincia, junto con jubilados provinciales y otros 80 mil afiliados que se han sumado de forma voluntaria. IOMA se posiciona como el segundo prestador de salud en el país, solo superado por otro organismo de salud pública, y cuenta con una base de 2,5 millones de afiliados que incluye a las familias de diversos agentes estatales, como policías, maestros y empleados judiciales. Para el año 2026, se ha designado a IOMA un presupuesto de $ 2.422.114.040.000, casi 2,5 billones de pesos, de los cuales el 95% se destina a cubrir prestaciones y medicamentos, una cifra que se ve constantemente desbordada por el aumento inflacionario. La crisis de IOMA se extiende por la geografía provincial y es una problemática crónica que involucra conflictos con diferentes especialidades médicas, clínicas y colegios profesionales. La situación continúa agravándose, y actualmente la gestión del gobernador Axel Kicillof se encuentra bajo una intensa presión, con numerosos pedidos de informes en la Legislatura bonaerense. A pesar de esto, Kicillof respalda la dirección que ha mantenido Homero Giles, un médico con estudios en Brasil y experiencia laboral en Cuba, quien ocupa el cargo desde hace seis años y fue designado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Este último, al ser consultado, ha defendido la gestión de IOMA, atribuyendo las críticas a una supuesta campaña política de la oposición y sugiriendo que el déficit en la prestación de servicios es producto del “ajuste y desfinanciamiento del Gobierno nacional sobre el sistema de salud”. Cada empleado provincial debe aportar obligatoriamente el 4,8% de su salario mensual a la obra social, mientras que los jubilados del IPS aportan el 4,5%. Según datos de fuentes vinculadas al sector salud, las visitas a médicos clínicos cuestan entre $ 8.900 y $ 15.200, y los afiliados deben adquirir un “bono” adicional por un monto que oscila entre $ 5.500 y $ 7.000. Desde mayo, estos costos han incrementado en un 40%, lo que preocupa a las agremiaciones y asociaciones profesionales que solicitan ajustes en los aranceles. El impacto de esta crisis se evidencia con claridad, por ejemplo, el Hospital Garrahan ha exigido el pago de una deuda de $ 8.278 millones por la atención de más de 44.000 niños afiliados durante 2025 y 2026. Aunque las autoridades provinciales alegan haber realizado algunos pagos, el reclamo sigue siendo significativo y solo una mínima fracción de la deuda ha sido saldada. La Agremiación Médica Platense señala que la deuda con ellos alcanza los $ 900 millones hasta junio de este año, de los cuales $ 500 millones son correspondientes a prestaciones clínicas. Por su parte, el Servicio de Hemodinamia del Hospital de Trenque Lauquen ha detenido prácticas programadas debido a una deuda que supera los $ 300 millones. El médico Carlos Miguel Hernández, responsable de una institución local, ha enfatizado que más de 15 familias dependen de los ingresos que generan a través de la atención de pacientes con distintas obras sociales. Además, centros de salud mental y otros servicios han manifestado que los pagos parciales les impiden continuar funcionando adecuadamente. Voceros de IOMA, sin embargo, sostienen que la cadena de pagos no se ha interrumpido, destacando que han aumentado los montos transferidos en los últimos meses a entidades involucradas. De acuerdo con ellos, en junio se pagaron $ 4.300 millones, mientras que en mayo la cifra había ascendido a $ 4.200 millones. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ha presentado una denuncia por las dificultades de sus afiliados para acceder a prestaciones en diferentes localidades, especialmente en Mar del Plata, señalando problemas de acceso a consultas y tratamientos médicos. A la par, protestas de acompañantes terapéuticos han puesto de relieve la situación en ese sector. Este año, IOMA reportó que dichos profesionales atendieron a 7.700 afiliados y generaron ingresos por $ 4.300 millones a causa de amparos irresponsables, según indican desde el organismo. En este contexto, el senador Marcelo Leguizamón ha solicitado la comparecencia del ministro Kreplak en la Legislatura, argumentando que la demora en la atención a los afiliados es responsabilidad de una mala gestión. Mientras la oposición señala una gestión ineficiente de IOMA, las autoridades definen estos cuestionamientos como parte de un “show mediático”, acusando a la oposición de soslayar el impacto de las políticas nacionales en el sistema de salud.
