La minería en Argentina presenta la oportunidad de aumentar al menos cinco veces sus exportaciones, aunque su desarrollo está sujeto a la capacidad del país para solucionar problemas de infraestructura y transformar las inversiones en una base para el crecimiento provincial. Flavia Royón, senadora nacional por Salta y exsecretaria de Energía y de Minería, expuso estas ideas en una charla con José Del Río, secretario general de Redacción, en el segundo capítulo de un encuentro sobre Minería. La actual secretaria ejecutiva de la Mesa de Litio destacó que los primeros resultados de los proyectos que se acogen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deben ser evaluados en función de los plazos propios de iniciativas de gran escala. «El RIGI es un régimen para grandes inversiones. Son proyectos que requerirán un tiempo considerable para su maduración», explicó. En este contexto, mencionó que los desarrollos en gas natural licuado (GNL) y cobre empezarán a generar divisas, principalmente a partir de 2028, con algunos proyectos ya en construcción y otros en fases iniciales de preparación e ingeniería. Royón comparó esta evolución con lo que ha ocurrido en el sector energético, fomentado por el auge de Vaca Muerta. Según sus palabras, la balanza energética pasó de un déficit de US$4000 millones en 2022 a un superávit que supera los US$8000 millones. «Vaca Muerta ofreció una solución extraordinaria y estructural a la Argentina para un problema también estructural: la escasez de dólares», sostuvo. «El sector energético logró revertir su situación y esa tendencia continuará», añadió. Para Royón, la minería todavía está en una fase mucho más temprana. «El año pasado, las exportaciones rondaron los US$6000 millones, pero el sector minero recién comienza su camino. Argentina tiene el potencial de multiplicar lo que observamos hoy, al menos por cinco», aseguró. En cuanto al impacto en las provincias, aunque tanto la minería como la energía requieren grandes inversiones y su efecto sobre el empleo nacional puede parecer limitado, Royón subrayó que esto cambia al observarse desde el contexto local. «La creación de 10.000 o 12.000 empleos transforma una provincia. Aunque a nivel nacional pueda parecer que se pierda, localmente tiene un gran impacto», explicó. En este sentido, definió la minería como «la revancha del interior del país en su desarrollo», en un contexto de concentración económica en el centro del país. A su vez, vinculó este debate con el desafío de convertir los recursos naturales en beneficios duraderos para las economías provinciales. «El recurso minero no es renovable. Por eso es clave que fomente el desarrollo del turismo, de otros sectores productivos, la mano de obra y los proveedores locales», afirmó. En este punto, destacó la importancia de las leyes provinciales de compra local, aunque resaltó un inconveniente para las empresas argentinas. «Actualmente, la importación ofrece más ventajas que el proveedor local y esto representa un problema», dijo. Respecto a las limitaciones, Royón advirtió que el crecimiento de la minería y la energía se verá condicionado por la falta de infraestructura. «Es un país extenso donde son necesarias mejoras en rutas, ferrocarriles, gasoductos y líneas eléctricas, lo cual representa una gran limitante», indicó. En relación a las rutas, pidió que las inversiones no se evalúen solo en función de los proyectos extractivos. «Detrás de una ruta pavimentada y en condiciones se promueve el turismo y el intercambio de productos y servicios. Es un motor de desarrollo», explicó. También subrayó la necesidad de recuperar el ferrocarril para establecer una logística competitiva, mencionando el desafío del transporte de arena hacia Vaca Muerta, que incrementa la presión sobre las infraestructuras existentes. Otro aspecto que destacó fue la necesidad de abastecer de gas al norte del país. Royón recordó que la segunda fase del gasoducto diseñado para llevar gas a San Jerónimo y distribuirlo en el NOA y NEA fue suspendida, y que las obras posteriores no cumplieron con ese objetivo. «Es necesario asegurar que el gas de Vaca Muerta llegue al NOA y NEA para facilitar el desarrollo industrial y lograr una matriz energética competitiva», afirmó. Además, enfatizó que la capacidad de transmisión eléctrica es otra limitante. «La red de alta tensión en Argentina está colapsada», sostuvo. Esta situación dificulta la incorporación de nuevos proyectos renovables y el crecimiento de emprendimientos productivos. «Hoy, un parque solar o eólico se instala donde hay capacidad de transmisión, no necesariamente donde sea más eficiente producir esa energía», indicó. Superar esta restricción también permitiría aprovechar la ventaja comparativa de la minería argentina al producir minerales con una huella de carbono más baja en comparación con otros países. «La minería es uno de los sectores más intensivos en energía. A menudo, en el mundo se abastece con carbón, gasoil o fueloil. Argentina puede generar energía solar y eólica de manera competitiva, además de contar con el gas de Vaca Muerta», explicó. En el encuentro, Royón también se refirió al proyecto de modificación del régimen de propiedad de tierras rurales para extranjeros. Consideró que la propuesta no ha sido suficientemente explicada y cuestionó algunas interpretaciones difundidas en el debate público. «Ser propietario del terreno no otorga derechos sobre el subsuelo. En Argentina, el subsuelo pertenece al Estado y opera bajo un régimen legal diferente», aclaró. También abogó por una mayor intervención provincial, dado que el país es federal y los recursos naturales son competencia provincial. Además, destacó que el desarrollo del potencial agroindustrial requiere inversiones que actualmente no se encuentran exclusivamente en el país. Como ejemplo, mencionó las inversiones extranjeras en bodegas e ingenios que operan bajo la legislación argentina, generan empleos y pagan impuestos. Sin embargo, añadió que esta apertura debe acompañarse de controles adecuados. «Es esencial contar con un registro que evite grandes concentraciones», afirmó. Por último, se manifestó a favor de proteger zonas fronterizas, de seguridad y consideradas estratégicas, materias que calificó como competencia nacional. También expresó su desacuerdo con permitir que otros Estados adquieran tierras en Argentina. Al abordar la experiencia internacional, mencionó que países como Canadá, Estados Unidos y Australia no tienen un límite nacional uniforme como el argentino, por lo que muchas competencias corresponden a los gobiernos subnacionales. Además, destacó que Australia evalúa operaciones de forma individual y que Brasil tiene un límite del 25%, el cual se encuentra en discusión en Argentina. Su postura se resume en «no demonizar al inversor extranjero», pero sí es importante distinguir entre una adquisición especulativa y una inversión que supone riesgos, incorpora capital y genera empleo.
