Este embargo se enmarca en un segundo pedido de decomiso realizado por el Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, el tribunal responsable de la ejecución de la pena en el caso Vialidad instruyó el 12 de agosto a establecer nuevos embargos preventivos y cautelares sobre diversos bienes inmuebles y activos societarios relacionados con la causa, en la que los condenados son responsables de manera solidaria por el decomiso judicial.
La meta es recuperar los 685.000 millones de pesos fijados por el fraude generado a partir de 51 licitaciones irregulares, que presentaron un sobreprecio promedio del 65% y canalizaron pagos exclusivamente hacia el Grupo Austral.
A solicitud del fiscal Diego Luciani, el TOF 2 ha ido elaborando lista de inmuebles a embargar, incluyendo en la segunda lista el departamento de San José 1111, donde la ex Presidenta cumple arresto domiciliario por la acusación de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Este bien está registrado a nombre de Los Sauces SA, la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner bajo investigación por lavado de activos. También pertenecen a esa firma los departamentos de Puerto Madero que alquilaba Cristóbal López y que han sido embargados por el TOF 2.
Con la resolución firmada por el tribunal, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, este jueves se enviaron oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes para que se inscribieran dichas propiedades como embargadas.
Es importante señalar que los embargos no implican la venta inmediata de los bienes ni modifican su titularidad registral de manera inmediata; su finalidad es garantizar su indisponibilidad jurídica mientras se procede con el trámite de decomiso definitivo, incluyendo la participación de las partes.
El juez Rodríguez Giménez Uriburu, quien preside el TOF 2, busca asegurar el patrimonio de los condenados en el caso Vialidad para lograr cubrir la suma de 685.000 millones de pesos. Por esta razón, decidió cautelar propiedades de los condenados en esta causa, preparándose para una segunda fase de ejecución patrimonial.
En la segunda lista de bienes a decomisar, el fiscal Luciani ha identificado 141 inmuebles, que abarcan trece propiedades de la ex Presidenta y 128 vinculadas a Lázaro Báez, así como 46 vehículos.
Además de un detallado inventario de propiedades, el Ministerio Público está solicitando también el decomiso de 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta de ahorro en el Banco de Galicia y 53.280,24 pesos.
El TOF 2 está a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto al primer conjunto de inmuebles para avanzar con la siguiente etapa. La primera serie de 111 propiedades solicitadas por Luciani y aprobadas por el TOF para su decomiso está bajo la consideración de la Corte Suprema. En noviembre, el Tribunal había ordenado el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles pertenecientes a otros acusados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal validó el criterio del TOF 2 sobre los bienes a confiscar, tal como había indicado el Ministerio Público, y ordenó proceder en consecuencia. Ante la apelación de la ex Presidenta y su ex socio comercial, el máximo tribunal deberá decidir de forma definitiva al respecto.
Los jueces del TOF 2 aclararon que las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner también están sujetas a estas acciones, dado que la sentencia condenatoria estableció que la maniobra defraudadora en la obra pública benefició económicamente tanto a Lázaro Báez como, indirectamente, a la familia Kirchner.
Durante el periodo investigado, confirmaron los jueces, hubo una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez, que alquilaron y administraron los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto de manera personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
El tribunal estableció que todos los bienes incorporados al patrimonio de los nueve condenados desde 2003 hasta 2015 son susceptibles de decomiso.
Se subrayó la necesidad de avanzar en la cautela de los bienes en esta segunda fase de decomiso, conforme al artículo 23 que permite alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se beneficiaron del delito. Asimismo, la norma permite actuar sobre activos o participaciones que hayan sido transmitidos gratuitamente a terceros.
En relación a los paquetes accionarios, los magistrados recordaron que las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde el inicio de la investigación en 2017.
En ese momento, la justicia determinó que las acciones de Néstor Kirchner, heredadas y pertenecientes a Cristina Kirchner, habían sido transferidas sin costo a sus hijos, lo cual no la exime de la responsabilidad patrimonial derivada de la condena.
Además del departamento donde la ex Presidenta se encuentra bajo arresto domiciliario, la decisión del TOF 2 abarca un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, así como otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo. Todos estos inmuebles tuvieron como único inquilino a Cristóbal López.
En la provincia de Santa Cruz, se ha ordenado el embargo del terreno que alberga el Hotel La Aldea del Chaltén, ocupado ilegalmente desde hace más de dos años, sumando propiedades y terrenos en El Calafate.
La medida cautelar también involucra un grupo de propiedades de la familia Kirchner en Río Gallegos, destacándose el chalet de la ex presidenta en la costanera y varias otras casas ubicadas en calle Alvear 395, Moreno 882, y 25 de Mayo 66.
