La resolución, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, anula normativas establecidas entre 2008 y 2022. Estas incluyen disposiciones sobre transferencias de fondos a provincias y municipios, minería social, planificación estratégica, gestión de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, esta acción se inscribe dentro de la Ley Bases, que busca optimizar el funcionamiento del Sector Público Nacional, con el fin de avanzar hacia una gestión más transparente, eficiente y centrada en la reducción de la burocracia estatal.
El Gobierno sostiene que los programas y regímenes afectados por la derogación han quedado obsoletos, no tienen validez o ya no se alinean con las actuales directrices de eficiencia, efectividad y austeridad.
La normativa 64/2026 suprime ocho resoluciones anteriores de la Secretaría de Minería y del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo. Entre estas se encuentran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que habían establecido un Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros organismos, junto con una versión actualizada de dicho sistema.
Asimismo, se deroga la Resolución 36/2020, que había aprobado la adaptación del Plan Nacional de Minería Social en el contexto de la emergencia sanitaria. Para el Gobierno, esta norma tenía un carácter transitorio, lo que justificó su derogación una vez superadas las circunstancias que la motivaron.
También se anulan la Resolución 47/2020, que había creado el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la Resolución 138/2020, que había establecido la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la Resolución 255/2021, que había dado origen a la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Adicionalmente, se dejan sin efecto las resoluciones 50/2022 y 53/2022. La primera había prorrogado por 180 días el plazo para que las provincias presentaran informes de rendición de fondos recibidos por proyectos de minería social y programas sociales. La segunda había habilitado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.
La Secretaría de Minería argumentó que la continuidad formal de estas normativas resulta contradictoria con los principios de simplificación y eficiencia administrativa.
El documento oficial indica que la gestión actual tiene como objetivo revisar, adaptar o eliminar programas y regímenes que no cumplen con los criterios de austeridad requeridos por la situación económica.
Además, señala que muchas de las estructuras derogadas ya no son operativas, o sus funciones deberán ser asumidas por nuevas formas de coordinación. En el caso del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, se señala que su implementación deberá ser sustituida por mecanismos más eficientes.
La derogación de estas normativas no interrumpe automáticamente los convenios ya establecidos. La resolución aclara que esta medida no afectará los derechos y obligaciones derivados de acuerdos firmados bajo la vigencia de las normas derogadas, que deberán continuarse con su implementación y rendición de cuentas.
El Ejecutivo ha eliminado programas mineros y se encuentra preparando nuevas reformas para reorganizar el marco regulatorio de esta actividad clave para las inversiones. Para ello, se aplicará el Reglamento General del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo respecto a la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a provincias, municipios y otros entes, junto con las normativas de administración financiera vigentes.
Así, el Gobierno busca diferenciar la derogación normativa de los controles sobre los compromisos ya asumidos. Esta decisión se toma en un contexto de gran expectativa sobre el crecimiento del sector minero argentino, especialmente en áreas como el litio, el cobre, el oro y la plata.
La minería se perfila como uno de los pilares para la generación de divisas e inversiones en los próximos años, pero el Gobierno pretende reorganizar la estructura normativa heredada, centrándose en instrumentos que resulten más acordes con la actual administración. La Resolución 64/2026 comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial, y la Secretaría de Minería deberá determinar cómo reemplazará las funciones que, conforme a la norma, serán asumidas por mecanismos alternativos o nuevas instancias de coordinación.
