Tras concluir la reunión de la Mesa Política del martes, los operativos políticos del oficialismo reconocieron en privado las dificultades para alcanzar la mitad de los votos en la cámara alta, señalando que el panorama se mostraba “complicado”. Sin embargo, confiaban en poder revertir la situación en el último momento. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, evaluó uno de los principales actores políticos de la Casa Rosada.
La pérdida de este artículo clave dejó una huella en el oficialismo, que reconoce la importancia del contexto: muchos gobernadores que optaron por mantener silencio o que se opusieron abiertamente al capítulo en cuestión habían estado a favor del proyecto en un principio.
¿El desenlace de esta votación anticipa lo que podría suceder en futuras sesiones? Desde el Gobierno no comparten esa interpretación. Consideran que el episodio fue excepcional y estuvo marcado por diversos errores de gestión. No obstante, advierten: “Si se registra otro episodio similar, empezaremos a preocuparnos”.
“Esto no cambia en absoluto la relación con los gobernadores. Muchos apoyaban el proyecto, pero ciertamente debilita la posición del Gobierno Nacional en futuras negociaciones”, observó un funcionario del oficialismo con conocimiento del ambiente interno.
La eficacia del oficialismo durante las sesiones extraordinarias del verano contrasta con las dificultades actuales para hacer avanzar otros proyectos. La sanción de la Ley de Modernización Laboral fue un hito importante, introduciendo cambios significativos en el ámbito laboral.
Resultó notable que, pocas semanas después, uno de los principales operadores del oficialismo expresara: “Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”. Esto refleja la creciente preocupación de que la proximidad de las elecciones influya en la decisión de los gobernadores respecto al respaldo al Gobierno en reformas complejas.
Este escenario podría poner en riesgo importantes iniciativas para el presidente Javier Milei, tales como el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. También se considera que podrían enfrentar dificultades si no se modifican las condiciones para que los funcionarios públicos puedan acogerse a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.
La interrogante que surge en el oficialismo es qué ocurrirá con la Reforma Política, en particular con la posibilidad de suspender las PASO. “Si generamos una impresión de debilidad, los gobernadores pueden exigir más en las negociaciones”, indicaron.
Los gobernadores que se manifestaron de manera pública y enérgica contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyen a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes previamente habían sido aliados circunstanciales del oficialismo durante la gestión de Milei.
Cada uno de ellos comunicó su postura a los senadores correspondientes, instruyéndolos a votar en contra de cualquier cambio que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros. En Misiones, Passalacqua hizo público su desacuerdo al afirmar que “lo que amamos no se vende”, enfatizando la defensa del territorio y los recursos provinciales. Esta postura se reflejó en el anuncio del senador misionero Carlos Arce, quien anticipó su voto negativo a la propuesta.
En Tucumán, Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros en expresar su rechazo explícito, ordenando a sus senadoras provinciales votar en contra de la iniciativa. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, también manifestó su oposición e instruyó a sus senadores a no apoyar el proyecto. Gustavo Sáenz, desde Salta, presionó sobre el bloque oficialista, lo que se evidenció en la postura de la senadora Flavia Royón, quien fue de las primeras en mostrar abiertamente su rechazo a la extranjerización de tierras. Estos pronunciamientos hicieron mella en el apoyo al oficialismo, que se vio obligado a retirar el apartado más controvertido.
Además de los gobernadores mencionados, otros senadores relevantes rechazaron el capítulo de Tierras. La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) formalizó su voto negativo, argumentando que los recursos nacionales no deben ser cedidos sin restricciones. También se manifestaron en contra los senadores radicales Flavio Fama (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires). Esta serie de posiciones, junto con la presión ejercida por los gobernadores, aislaron políticamente al oficialismo, forzando la eliminación del capítulo en cuestión del proyecto que finalmente llegó al recinto.
