Los encuentros comenzaron bajo modalidad virtual este lunes, con la participación de los ministros de Salud de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. Esta agenda de consultas se extenderá durante la mañana del martes con representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones.
Por la tarde, se reunirá con autoridades de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja. El propósito de esta ronda es recoger las opiniones provinciales sobre una reforma que impactará directamente en los sistemas de salud locales.
El proyecto, que fue enviado al Congreso a través del Mensaje 108/26, ya comenzó a ser analizado en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. Funcionarios del área de Salud Mental del Ministerio de Salud abrieron el debate, seguido de dos jornadas de exposiciones que incluyeron más de 70 oradores, tales como especialistas, representantes de organizaciones de familiares de pacientes, asociaciones profesionales, trabajadores de la salud mental y funcionarios judiciales.
El tratamiento del proyecto también incluyó reuniones con senadores de diferentes bloques. Desde el entorno de Bullrich se indicó que la presidencia de la Comisión de Salud se comunicó con los despachos de los legisladores que integran dicha comisión y aquellos que expresaron interés en aportar observaciones. Esas contribuciones fueron integradas a la versión que está actualmente bajo evaluación.
Desde el oficialismo se sostiene que este texto pretende ser una propuesta que logre consenso entre los distintos bloques y las provincias. Entre las modificaciones se destacan ajustes en derechos y garantías, así como la inclusión de acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria como mínimos federales.
El proyecto también permite que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires implementen regulaciones más favorables, incorporando las Reglas Nelson Mandela en las políticas públicas, relacionadas con el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Otra de las modificaciones propone articular de manera precisa la relación entre salud mental y consumo problemático de sustancias, buscando establecer una mayor claridad diagnóstico. Además, el concepto de “padecimiento” se restituye en el texto legal.
En cuanto a los derechos de los pacientes, la propuesta añade un nuevo inciso a la Ley de Derechos del Paciente que aborda las directivas anticipadas, permitiendo que una persona consienta o rechace tratamientos de forma anticipada.
La reforma también introducirá ajustes en el enfoque y en la conformación de los equipos interdisciplinarios, especificando que su integración dependerá de los recursos humanos disponibles en cada jurisdicción y promoviendo el uso de la teleconsulta para ampliar la cobertura territorial.
Finalmente, se busca incluir en la ley una lista de dispositivos de atención, tales como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral dirigidos a quienes hayan pasado por internaciones, atención domiciliaria supervisada, hospitales de día, casas de convivencia y centros de capacitación sociolaboral.
La cuestión de las internaciones es uno de los aspectos centrales de la reforma y sigue siendo discutida en el Senado, donde el oficialismo busca implementar cambios al régimen actual, integrando también las sugerencias recogidas durante las sesiones de comisión y las reuniones con las jurisdicciones.
