En la carta, destinada a Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, solicitan un «urgente análisis» y modificaciones en las metas acordadas con el Gobierno. El documento plantea serios riesgos institucionales y fiscales asociados al proyecto, advirtiendo que es inconsistente y ofrece discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional en un año electoral.
«Considerando que el organismo que Ud. dirige no solo evalúa el desempeño macroeconómico de Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en las metas cuantitativas originalmente pactadas cuando lo considera, solicitamos un urgente análisis del Presupuesto 2027, ya que no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que requieren las cuentas públicas del país», señala el texto.
Afirmaron que, «sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional ni la veracidad del cálculo de recursos o de las proyecciones de gasto primario”, el proyecto de presupuesto a consideración del Poder Legislativo revela «indicadores alarmantes de inconsistencias, opacidad y espacios de posible discrecionalidad en la gestión de los recursos públicos que podrían comprometer la razonabilidad del proyecto bajo análisis».
El documento de Unión por la Patria al FMI señala tres aspectos principales que justifican estas observaciones:
1. Subestimación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: «El superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno plantea un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, alrededor de 1,1% del PIB. Sin embargo, ese superávit no incluye el gasto del RIGI, estimado en USD 3.359 millones anuales, equivalente a 0,49 puntos porcentuales del PIB, cuando el proyecto esté en ‘plena ejecución’, considerando que el 47% total de la inversión se desembolsará hasta 2028».
2. Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: «Esta jurisdicción cuenta con asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al Gobierno. La Jurisdicción 91 aumenta de 5,6 a 14,8 billones. De este total, $7,7 billones carecen de ley o criterio. No existen programas con metas físicas; es simplemente ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto establece ese programa o criterios de distribución. ¿Cuál es su finalidad? Es el dinero que se utiliza para ‘auxiliar’ a provincias que no pueden pagar salarios o requieren fondos».
3. Duplicación de la Inversión Financiera Neta: «Se evidencia un notable crecimiento de la inversión financiera neta en 2027 respecto a 2026, duplicándose en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Esto implica que el Poder Ejecutivo Nacional planea destinar una parte significativa del superávit y/o de las fuentes financieras netas al aumento de ‘inversiones financieras temporales’ y/o ‘caja y bancos’ y/o ‘otras inversiones financieras’. Así, ¿cuál es la lógica de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de incurrir en deudas para acumular grandes montos de liquidez o financiar inversiones financieras sin justificación y cuya finalidad es indefinida, en vez de atender a necesidades como la discapacidad, la educación o el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obras públicas?».
La carta lleva la firma de varios miembros de la coalición, entre ellos Germán Martínez, Guillermo Michel, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto e Itaí Hagman.
La misión del FMI llegó al país para llevar a cabo la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, con enfoque en un superávit fiscal primario anual del 1,4% del Producto Bruto Interno y en las medidas que el Gobierno anticipa implementar tras quedar por debajo de la meta semestral.
La misión, liderada por Joyce Wong, indagará las causas del desvío fiscal registrado en los primeros seis meses del año. La pauta para dicho período se estableció en 0,7% del PIB, pero el resultado fue 0,6 puntos porcentuales inferior a ese nivel.
El Gobierno deberá justificar cómo compensará la diferencia acumulada para alcanzar el resultado esperado al finalizar 2026. Entre los compromisos asumidos en la segunda revisión están la postergación de iniciativas de reforma laboral, una mayor percepción de impuestos específicos y una nueva focalización de subsidios al transporte.
