De Marinis, quien esta mañana fue objeto de anuncio por parte del jefe de Gobierno porteño, para iniciar un juicio político en su contra, se ha visto involucrada en la crítica pública tras determinar inconstitucional un artículo de la legislación que establece la punibilidad desde los 14 años, al tiempo que sobreseía a un adolescente acusado por intento de robo.
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad, De Marinis cuenta con una extensa trayectoria en la atención de cuestiones de menores en conflicto con la ley penal.
Su carrera judicial comenzó en 2006, antes de finalizar sus estudios de abogacía, y a lo largo del tiempo ha ocupado distintos roles en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Desde 2017, estuvo en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta. Fue designada jueza el 19 de diciembre de 2023 tras superar un concurso del Consejo de la Magistratura.
Pocos días después, tuvo a su cargo un caso de gran repercusión: el ataque a Arturo López, un playero de garaje, quien en 2021 fue agredido por un adolescente y sufrió graves secuelas. El atacante, condenado a cuatro años y seis meses de prisión, vio su prisión domiciliaria revocada por De Marinis en diciembre, aunque permaneció bajo control con una tobillera electrónica y restricción de salida del país, decisión que generó críticas desde la familia de la víctima.
La magistrada también ha expresado abiertamente sus posiciones en relación a la justicia juvenil. En abril, durante una entrevista, recordó su experiencia en el Hogar de Cristo y afirmó que el proceso penal de un adolescente debe tener un enfoque socioeducativo. En esa ocasión, además, mostró su preocupación por la reforma del Régimen Penal Juvenil, alertando sobre el posible traslado de conflictos a los tribunales que antes se abordaban en otros contextos, como el educativo.
En la reciente decisión, De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años en un caso de intento de robo, argumentando que reducir la edad de punibilidad es un retroceso en los derechos de los niños y adolescentes. La jueza aclaró que su fallo no interrumpe la aplicabilidad general de la ley, sino que se limita a este caso en particular.
La resolución provocó la reacción del jefe de Gobierno, quien anunció su intención de impulsar el juicio político contra la jueza y cuestionó su decisión.
Este fallo se produce pocos días después de una decisión similar de la jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que suspendió por 60 días la aplicación de la misma ley. Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó esta medida, señalando que un juez de primera instancia no puede anular de forma general una norma nacional a nivel provincial, ordenando una revisión urgente de su competencia.
