Kozack afirmó que el organismo y las autoridades argentinas coinciden en la necesidad de extender los resultados de la estabilización a la economía real. Sin embargo, las medidas planteadas conservan el rumbo del programa actual, basado en la disciplina fiscal, la desregulación y los incentivos a la inversión privada. Frente al deterioro de los indicadores productivos y laborales, el Fondo no propuso cambios, sino que insistió en profundizar las políticas vigentes.
La primera prioridad es desarrollar los mercados de capitales y el financiamiento hipotecario. Según la funcionaria, una mayor disponibilidad de crédito podría impulsar las inversiones y fortalecer la demanda interna. La propuesta contrasta con las dificultades que atraviesan las familias y las pequeñas empresas para obtener financiamiento, en un escenario de ingresos deteriorados, tasas elevadas y morosidad creciente.
El segundo eje es flexibilizar las normas laborales. Kozack consideró que los cambios incorporados este año a la legislación pueden favorecer la contratación de trabajadores en el sector privado.
El organismo confía en que una reducción de las rigideces laborales ayude a crear puestos de trabajo, aunque no detalló cómo esas modificaciones podrían revertir la debilidad de la demanda y la caída de la actividad en numerosos sectores productivos.
El planteo cobra relevancia ante el desempeño reciente de la economía argentina. El Estimador Mensual de Actividad Económica registró en agosto un avance de apenas 0,1 por ciento frente a julio, mientras que la comparación interanual mostró una contracción de 1,7 por ciento.
Las proyecciones privadas también alertan sobre la posibilidad de que el tercer trimestre termine con una nueva baja y configure una recesión técnica. En ese contexto, la recuperación del empleo depende de una economía que aún no logra sostener el crecimiento de la producción.
La tercera iniciativa impulsada por el Fondo es avanzar con las concesiones de infraestructura. El objetivo es ampliar la participación privada en actividades y servicios que antes requerían inversiones estatales. El esquema prevé trasladar a empresas privadas parte del financiamiento y la ejecución de las obras, mientras el ajuste presupuestario sigue restringiendo la inversión pública.
El cuarto componente es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Kozack destacó que ya reúne proyectos aprobados por más de 70.000 millones de dólares, aunque ese monto corresponde a compromisos de inversión y no necesariamente a desembolsos concretados. El régimen ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a grandes emprendimientos, en su mayoría vinculados con sectores exportadores.
Los incentivos fiscales también reducen los ingresos públicos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina calculó que los proyectos aprobados hasta septiembre podrían implicar una pérdida de recaudación tributaria cercana a 2.624 millones de dólares por año cuando alcancen su plena producción. De esa cifra, alrededor de 1.021 millones corresponderían a derechos de exportación que el Estado dejaría de cobrar.
El respaldo del Fondo coincidió con los avances de la tercera revisión del acuerdo vigente. Esta semana, el organismo comunicó un entendimiento técnico que, si recibe la aprobación de su Directorio Ejecutivo, permitiría liberar cerca de 900 millones de dólares. La decisión se espera para comienzos de diciembre y marcaría otro paso en la continuidad del programa financiero.
Kozack confirmó que el Gobierno sostiene su compromiso con el equilibrio fiscal y con nuevas modificaciones del esquema monetario. También indicó que acumular reservas internacionales es fundamental para fortalecer la posición externa y reducir el riesgo país. Aunque no anticipó qué recorrido seguirá ese indicador, sostuvo que mantener las políticas económicas contribuiría a bajarlo.
La funcionaria tampoco adelantó si el Directorio concederá una dispensa por el incumplimiento de alguna meta fiscal. Aclaró que los trámites pendientes para completar la revisión forman parte del funcionamiento habitual del organismo y no suponen necesariamente nuevas exigencias.
En el frente financiero, el dólar minorista del Banco Nación se mantuvo en 1.560 pesos, mientras que el riesgo país bajó 2,88 por ciento, hasta los 741 puntos básicos. A pesar de la mejora de ese indicador, que mide el costo del endeudamiento argentino, las acciones tuvieron una rueda negativa.
El índice MSCI Merval perdió 0,58 por ciento y cerró en 94.883,63 puntos. La permanencia del riesgo país por encima de los 700 puntos básicos muestra las dificultades que aún enfrenta el Gobierno para recuperar el acceso al financiamiento internacional, incluso después del nuevo respaldo del Fondo Monetario Internacional.
El mensaje dejó una definición política y económica: pese a las señales de estancamiento, el Fondo considera que la salida requiere profundizar el rumbo actual. La apuesta vuelve a centrarse en el ajuste fiscal, la flexibilización laboral y los incentivos al capital privado, mientras la recuperación del consumo, los salarios y el empleo sigue siendo una promesa pendiente.
